La iniciativa, que logró un apoyo transversal desde el Frente Amplio hasta el Partido Nacional Libertario, busca crear una Comisión Especial Investigadora para transparentar las segundas concesiones, los cobros de peajes y el destino de los millonarios recursos recaudados.
La bancada del Partido Nacional Libertario (PNL) consiguió las 65 firmas necesarias para crear una Comisión Especial Investigadora en el Congreso. Esta instancia tendrá como objetivo revisar el sistema de segundas concesiones de las autopistas, los mecanismos de cobro de TAG y peajes, el destino de dichos recursos y el rol fiscalizador de los órganos del Estado. La medida destacó por su respaldo político transversal, uniendo firmas desde el Frente Amplio hasta el PNL.
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El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, valoró el amplio apoyo obtenido y subrayó la importancia de la comisión. "Por primera vez se va a transparentar la relación entre concesionarias, el Estado y el ciudadano que tiene que pagar estos montos horrendos en nuestras carreteras", afirmó.
Aunque Kaiser precisó que su partido siempre ha apoyado el modelo de concesiones, fue enfático en señalar que la ciudadanía merece claridad sobre qué porcentaje del dinero va a las empresas privadas y cuánto ingresa a las arcas fiscales. Al respecto, el legislador advirtió: "Tenemos sospechas ciertas de que el Estado ha transformado a las concesionarias en recaudadores de impuestos internos y que están abusando de manera brutal de los ingresos de nuestros compatriotas".
Por su parte, el diputado Pier Karlezi, principal promotor de la iniciativa, anunció que el siguiente paso será citar a todos los actores involucrados en las negociaciones de estos contratos. El objetivo es que expliquen por qué, una vez que se pagaron las infraestructuras originales, las tarifas de los peajes no disminuyeron y cuánto es lo que realmente deberían pagar los usuarios.
Karlezi endureció el tono respecto a las posibles irregularidades legales de este sistema de recaudación: "Camuflar un impuesto a través de la recaudación de las autopistas es ilegal, porque para fijar un impuesto tiene que pasar por la Cámara y el Senado".
"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para transparentar las intenciones, los costos, las variables y quiénes son los beneficiarios de estos cobros injustos".
La solicitud impulsada por la bancada del PNL se fundamenta en los antecedentes revelados por una reciente investigación de BioBioChile. Según dicho reportaje, se estima que el fisco obtendría alrededor de $2,7 billones a partir de solo cinco contratos correspondientes a segundas concesiones. Esto se lograría mediante figuras como la compartición de ingresos, pagos por infraestructura preexistente y derechos.
Frente a este escenario, la futura comisión investigadora buscará determinar si estos millonarios instrumentos respetan los principios de transparencia, eficiencia y probidad exigidos por la Ley de Concesiones, o si, en la práctica, configuran un gravamen encubierto que termina afectando el bolsillo de los ciudadanos.
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