La Cámara de Diputados aprobó en general y despachó al Senado el proyecto de ley denominado "Ordenemos la Cuenta", el cual busca estabilizar las tarifas eléctricas, extender los subsidios y saldar la deuda acumulada con las empresas distribuidoras desde la pandemia.
La iniciativa, que fue aprobada con 89 votos a favor, 34 en contra y 9 abstenciones, tiene como principal objetivo evitar un alza en las cuentas de la luz que, según las estimaciones del Ejecutivo, podría haber alcanzado hasta un 20% en algunas regiones del país.
Todo sobre Cuentas de luz
La ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó durante la sesión que el Gobierno asumió de manera transversal el desafío de resolver este problema heredado, e insistió en la necesidad imperiosa de pagar la deuda del componente de distribución tras el prolongado congelamiento de tarifas.
Este déficit arrastra 43 meses de atraso correspondientes al periodo 2020-2024 y alcanza los 816 mil millones de pesos, cifra que supera los 800 millones de dólares. Asimismo, la secretaria de Estado agradeció el liderazgo y el trabajo serio efectuado por el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el diputado Cristian Tapia.
Para evitar un impacto severo en el presupuesto de las familias, el proyecto establece un mecanismo de pago colectivo y gradual que se implementará entre los años 2028 y 2035. Esta fórmula establece un cargo acotado de aproximadamente 5 pesos por kilowatt-hora.
Quienes respaldan la medida aseguran que el impacto no será mayor para los hogares, ya que precisamente en 2028 termina de pagarse la deuda pendiente con las empresas generadoras, lo que reducirá ese cargo específico de 22 a 9 pesos por kilowatt-hora. De este modo, se evitaría un recargo doble en las boletas e incluso se podría visualizar una disminución neta de 8 pesos por kilowatt-hora en la cuenta final.
Además de regularizar la deuda de distribución, el texto aborda el recálculo de la tarifa de transmisión, la cual acumula 28 meses de retraso y debía publicarse en enero de 2024. Para evitar que esta situación genere nuevos pasivos, el Ejecutivo propuso extender el decreto tarifario vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, con la meta de que a partir de 2029 el sistema opere con plazos claros.
En paralelo, la iniciativa brindará certeza tarifaria extendiendo el subsidio eléctrico hasta el próximo año para el 40% de las familias más vulnerables del país e incluirá una protección especial para los hogares de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde las tarifas enfrentan alzas considerables.
Finalmente, el proyecto contempla un tercer eje enfocado en resguardar la calidad del servicio, impulsando la inversión en zonas críticas y ampliando las facultades de la autoridad ante problemas que amenacen el suministro eléctrico.
A pesar del avance legislativo, logrado en parte gracias al voto bisagra de la bancada Independientes-PPD, el sistema de pago propuesto generó fuertes debates. Sus detractores acusan que el modelo mutualiza los pagos en un mismo paquete.
Con este escenario político de fondo y el cuestionamiento de que, en ocho años, el promedio de deuda familiar podría aumentar de 69 mil a 102 mil pesos, la iniciativa pasará a su siguiente trámite en el Senado.
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