Vocación de mayoría o coherencia de nicho

Identificar nuestras diferencias y puntos de desacuerdos es infinitamente más simple que alcanzar puntos de consensos. Para conseguirlo es necesario que cada parte en una negociación renuncie a aquello que, aunque importante, palidece ante conservar lo que justifica alcanzar un acuerdo. Pero existen quienes asignan mayor peso a los elementos a los que renunciaron y puede iniciarse un proceso de cuestionamiento acerca del sentido del acuerdo. Quienes prefieren anquilosarse en lo que han renunciado pueden entrar en un espiral de reafirmación de su posición como la única aceptable. Cuando sucede, se afianza la identidad de un grupo que, para efectos de tender a la unanimidad, será por esencia reducido. Más aún, su éxito estará asociado a mantener una sola línea sostenida y coherente, donde acordar fuera de estos márgenes es equivalente a una transacción impropia.

Apliquemos esta mirada a quienes fueron parte del reciente acuerdo por una nueva Constitución. Oficialismo y oposición cedieron en puntos que para ellos eran importantes, pero no perdieron de vista el objetivo final de una nueva Constitución. Este ejercicio ha sido correctamente celebrado, pues no era fácil consensuar posiciones después de un plebiscito con el resultado del 4 de septiembre. Por supuesto, han surgido quienes cuestionan la idoneidad del acuerdo al no proyectar un proceso que se conforme totalmente con sus expectativas y no han trepidado en descalificarlo. Para ellos surge un dilema que puede no solo marcar la suerte de la nueva Constitución, sino su proyección política.

Para el progresismo y la centroizquierda contar con una nueva Constitución es una tarea irrenunciable, por lo que es plausible prever que sortearán los escollos y se abocarán a alcanzar su objetivo. Para la oposición, cumplir con la palabra empeñada de contar con una nueva y buena Constitución, requiere tomar distancia del electorado más duro, salir de la zona de comodidad que le ha ofrecido durante las últimas décadas la Constitución de 1980 y abrirse a incorporar miradas más amplias sobre la construcción de una sociedad más solidaria. Nobleza obliga, parte de esta tarea está avanzada al reconocer como un “borde” de la nueva Constitución el Estado social y democrático de derecho. Si el oficialismo y la oposición aspiran a alcanzar un proceso exitoso, deberán construir mayorías que permitan generar un texto que aspire a los máximos comunes entre posiciones antagónicas.

Aquellos que se marginen en aras a mantener su coherencia, posiblemente devengan en una voz que, a la postre, termina por volverse prescindible y que vea fuertemente mermada su capacidad de influir no solo en las disposiciones de la nueva Constitución, sino también en convertirse en un actor político capaz de aspirar verdaderamente a acceder al poder y gobernar para el país. Los próximos meses serán determinantes para el debate institucional y político, pero en último término, serán una prueba de madurez para nuestra clase política y la capacidad del sistema de ofrecer respuestas razonables y sostenibles frente a problemas importantes y de larga data.