La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un duro pronunciamiento respecto a la administración de recursos destinados a evitar la deserción escolar en Linares. El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la comuna ha sido objeto de una fiscalización que reveló serias irregularidades en el manejo de la subvención Pro-Retención, lo que ha derivado en la orden de instruir sumarios administrativos y la exigencia de la restitución de fondos fiscales.
Esta subvención estatal, crucial para apoyar a sostenedores de colegios particulares subvencionados en la lucha contra el abandono escolar, es de especial interés para la Contraloría, dado que aborda dos áreas consideradas de alta prioridad: la protección de la infancia y la correcta asignación de beneficios sociales.
Todo sobre Irregularidades en el uso de fondos públicos
Un examen de cuentas abarcando el período 2021-2024 puso al descubierto que 439 tarjetas de regalo (gift cards), destinadas a la adquisición de vestuario y calzado para estudiantes beneficiarios, caducaron sin haber sido utilizadas, sumando un perjuicio de $89.529.138. La CGR constató la falta de diligencia por parte del DAEM para recuperar estos fondos, a pesar de su propósito directo de asistir a alumnos en situación de vulnerabilidad. Como resultado, la Contraloría ha ordenado un reparo por el monto total para su reintegro al fisco.
Adicionalmente, el Informe Final N° 42 de 2026, accesible a través del sitio web de la Contraloría, detalla que entre 2022 y 2024, la Municipalidad de Linares adquirió 3.576 gift cards por un valor de $650.694.641. Sin embargo, no se presentaron antecedentes suficientes que acrediten la entrega efectiva de estos beneficios a los estudiantes ni la recepción formal de los mismos.
La auditoría también identificó que 281 estudiantes registrados como beneficiarios en los periodos 2021 y 2022 no aparecían en los registros de entrega. Asimismo, se detectó que 37 alumnos incluidos en nóminas de respaldo no correspondían a beneficiarios de los años auditados. Estas inconsistencias en los registros y la mezcla de información de diferentes años dificultan la trazabilidad y el control de los recursos públicos.
Frente a estas falencias, el municipio de Linares deberá iniciar un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades de los funcionarios implicados.
Las irregularidades se extienden a las rendiciones presentadas ante la Superintendencia de Educación. Se observó que el DAEM incluyó en la rendición de 2022 un pago de $394.776.023 a una empresa, cuando el valor real de la factura era de $289.279.211 y el desembolso se realizó después de la fecha informada para la rendición. En la rendición de 2023, se incorporó una factura por $361.415.430 que, al momento de su presentación, aún no había sido cancelada.
Más preocupante aún, entre 2023 y 2024 se identificaron facturas por $89.279.211 y $361.415.430, emitidas a la misma empresa, sin que se pudieran verificar antecedentes que respaldaran su emisión o la existencia de documentos tributarios válidos. Ante esta situación, la Contraloría ha decidido remitir los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) para su investigación.
Finalmente, en relación con los fondos de la subvención Pro-Retención de los años 2023 y 2024, la fiscalización determinó que no se habrían ejecutado recursos por $306.026.080 y $130.917.834, respectivamente, según lo informado por el entonces jefe de finanzas del DAEM de Linares. Por estos motivos, el municipio deberá reintegrar al Ministerio de Educación la suma de $436.943.914, correspondiente a fondos no ejecutados. La Superintendencia de Educación, por su parte, deberá iniciar un procedimiento disciplinario en relación con estos hechos.
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