Fiscal revela inéditos detalles de millonarios sobornos y uso de claves secretas en la "Operación Castillo de Naipes"

Nuevos y reveladores antecedentes salieron a la luz en el marco de la investigación por el millonario fraude al Fisco desbaratado en la Región del Maule, conocido como "Operación Castillo de Naipes". En una reciente intervención, el fiscal Patricio Caroca Luengo detalló la situación judicial de dos funcionarios públicos que fueron puestos a disposición del tribunal, acusados de integrar una organización criminal dedicada a defraudar al Estado. Según explicó el persecutor, ambos imputados aprovechaban sus posiciones de poder para recibir coimas y sobornos provenientes de una empresa constructora de la zona.

Los individuos formalizados en esta arista del caso corresponden a la directora de Obras Públicas de la Municipalidad de Longaví y a un exarquitecto adjunto a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Respecto a la funcionaria municipal, el Ministerio Público expuso que la directiva recibió más de trece millones de pesos, montos que fueron canalizados de forma directa y también a través de cuentas asociadas a su madre. Para evitar ser descubiertos, la autoridad utilizaba palabras secretas al momento de solicitar el dinero ilícito, lográndose descifrar que pedir "un asado correspondía a un millón de pesos".

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Por su parte, el exfuncionario de la Junji implementó su propio mecanismo para ocultar las ganancias ilícitas derivadas de esta red de corrupción. El fiscal Caroca precisó que el arquitecto implicado recibió la suma de "más de 24 millones de pesos, triangulados a través de una amiga y otros fondos que recibía directamente". Este nivel de planificación evidencia la complejidad de las operaciones financieras que la agrupación delictual ejecutaba para concretar el desfalco fiscal.

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Frente a la contundencia de los antecedentes expuestos, el representante del Ministerio Público fue categórico al condenar el actuar de los profesionales involucrados en la trama. El fiscal enfatizó que en este caso "se trata de funcionarios públicos que utilizaban sus cargos para enriquecerse personalmente". A modo de conclusión, la autoridad judicial advirtió sobre el daño institucional que generan estos actos, calificándolos como "infracciones graves al principio de probidad y que ponen en tela de juicio la confianza de las personas en las instituciones".