Diputado Guillermo Valdés exige máximas sanciones por millonario fraude al Estado en la Región del Maule
El parlamentario emplazó a la justicia a esclarecer la totalidad de los hechos vinculados a la denominada "Operación Castillo de Naipes", red de corrupción que mantiene a diez personas detenidas por desfalcar casi tres mil millones de pesos desde diversas instituciones públicas de la zona.
El diputado por la Región del Maule, Guillermo Valdés (PDG), manifestó su profunda preocupación frente a los graves antecedentes revelados tras la desarticulación de una red de corrupción que operaba al interior de diversas instituciones estatales de la zona. El caso judicial, conocido como “Operación Castillo de Naipes”, indaga un millonario fraude al fisco que alcanzaría los 2.972 millones de pesos, sumado a la presunta comisión de delitos de asociación criminal, sobornos, lavado de activos y estafas.
De acuerdo con los registros de la investigación en curso, el procedimiento mantiene actualmente en calidad de detenidos a siete funcionarios públicos y tres empresarios vinculados al rubro de la construcción. Asimismo, las diligencias lideradas por el Ministerio Público han establecido nexos ilícitos que involucran directamente a trabajadores del Gobierno Regional del Maule y a directivos de las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier.
Frente a la magnitud institucional y económica del desfalco, el parlamentario representante del Distrito 17 fue enfático en demandar que se determinen las responsabilidades legales correspondientes para la totalidad de los involucrados. "¡El Maule exige justicia! Hay que encontrar a todos los responsables. No descansaremos hasta que caigan todos los culpables de este millonario fraude al Maule", aseveró el legislador.
En esta misma línea, la autoridad recalcó que los dineros defraudados corresponden a recursos estatales cuyo objetivo primordial debía ser mejorar la calidad de vida de las familias maulinas. Finalmente, Valdés aseguró que mantendrá un seguimiento atento al avance de las diligencias, reiterando su compromiso con su rol fiscalizador para garantizar la transparencia del proceso judicial y exigir que este caso se investigue y sancione con todo el rigor de la ley.