Fusión de cursos y menos dotación: Colegio de Profesores acude a Contraloría para frenar polémico instructivo de la DEP

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile presentó una formal reclamación ante la Contraloría General de la República (CGR) en respuesta al Ordinario Nº 1691 emanado por la Dirección de Educación Pública (DEP), el cual instruye a los distintos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a implementar una serie de medidas de ajuste financiero para el Plan Anual Local 2027. Según el gremio docente, la circular contempla directrices como la fusión de cursos paralelos con matrícula igual o inferior a 35 estudiantes, la limitación de la contratación de reemplazos por licencias médicas, y la restricción para reponer cargos de funcionarios que se acogen a incentivo al retiro.

El Presidente Nacional de la asociación gremial, Mario Aguilar Arévalo, cuestionó duramente la legalidad y el impacto de estas instrucciones, argumentando que exceden las atribuciones de la DEP y atentan contra el normal funcionamiento del sistema. "Hicimos una presentación a la Contraloría respecto del ordinario 1691 de la Dirección de Educación Pública, donde instruye una serie de medidas, algunas de ellas muy perjudiciales para la educación y que pueden afectar gravemente el servicio educacional en los distintos SLEP del país", declaró el dirigente. Aguilar agregó que el documento "contiene una serie de vicios de legalidad, porque se atribuye el director de Educación Pública facultades que no tiene, respecto de instruir sobre dotación de personal, sobre materias técnico-pedagógicas que aún no han sido suficientemente trabajadas en los planes anuales".

La preocupación del gremio radica en que las disposiciones establecen que la designación y continuidad de profesores jefe, coordinadores de ciclo y encargados de departamento, dependerán exclusivamente de la "estricta disponibilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria" de cada SLEP, postergando las verdaderas necesidades de los establecimientos. Sobre este punto, la Secretaria del Regional Metropolitano, Rosa María Montecinos, fue enfática: "No pueden ser los recortes presupuestarios los que determinen cuáles son los profesionales que se requieren. Recordar que además existe normativa, los docentes tienen seis días de permiso administrativo en cada escuela, las licencias médicas, cubrir los cursos por los docentes que han ejercido su derecho legítimo a retiro". Montecinos subrayó además que la conformación de las dotaciones debe estar en directa "vinculación con los PEI (Proyectos Educativos Institucionales), con los PADEM (Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal), con los PAL (Planes Anuales Locales)".

Finalmente, el presidente nacional del Colegio de Profesores hizo un llamado a la CGR para que actúe con celeridad frente a la presentación del gremio. "Esperamos que la Contralora General de la República tenga la misma severidad que ha tenido con los docentes en distintas materias, la tenga respecto de este actuar ilegal de la Dirección de Educación Pública", sentenció Aguilar.