Revelan las identidades de los diez imputados que quedaron en prisión preventiva por millonario fraude

Tras concretarse la extensa audiencia que determinó la medida cautelar de prisión preventiva para la totalidad de los imputados por la red de corrupción que defraudó al Estado en casi tres mil millones de pesos, se dieron a conocer los nombres y los cargos que ocupaban las diez personas formalizadas. De acuerdo con los antecedentes del caso, el grupo operaba a través de diversos nexos institucionales que facilitaron la comisión de delitos como fraude al fisco y cohecho en la región.

En el ámbito municipal, la investigación determinó la participación de directivos y funcionarios de cuatro casas edilicias. En la Municipalidad de Longaví resultaron involucradas la directora de Obras Municipales, Valeria Marisol del Carmen Arancibia Jaque, y la inspectora técnica de obras de dicha repartición, Yolanda de Lourdes López López. Por su parte, en la Municipalidad de San Javier los imputados corresponden a la jefa del Departamento de Abastecimiento y Adquisiciones, Maricel Andrea Astudillo Meza, y al revisor de proyectos de edificación, Luis Matías Paz Osses. A ellos se suman el director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colbún, Octavio Enrique Fuentes Valdés, y el inspector técnico de obras de la Municipalidad de Villa Alegre, René Antonio Alarcón Salinas.

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Junto con los nexos comunales, la asociación criminal contaba con la participación de profesionales a nivel regional y estatal. En esta línea, fueron formalizados Rodrigo Alonso San Martín Henríquez, quien se desempeñaba como jefe subrogante de la Unidad de Control de Obras Civiles del Gobierno Regional del Maule, y Oscar Eduardo Pérez Ramos, funcionario perteneciente a la División de Inversiones de la misma entidad gubernamental. La nómina de funcionarios públicos se completa con Rodrigo Eduardo Ibacache Norambuena, quien ejercía como arquitecto e inspector técnico de obras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

Finalmente, la articulación de las maniobras ilícitas desde el sector privado recaía sobre el décimo integrante del grupo, identificado como Patricio Javier Pedraza Portuguez. Según los registros de la investigación judicial, el imputado figura como el representante legal de Inversa Consultores SpA, empresa a través de la cual se habrían fraguado parte de las irregularidades que hoy mantienen a todos los acusados privados de libertad.