Corrupción en el Maule: Funcionarios públicos y empresarios a la justicia por millonario fraude al fisco

Una exhaustiva labor investigativa liderada por la Fiscalía Regional del Maule y la Policía de Investigaciones (PDI) culminó con la desarticulación de una compleja asociación criminal responsable de un millonario fraude al Estado, cuyo monto bordea los 2.972 millones de pesos. La organización delictual estaba compuesta por funcionarios públicos en ejercicio y representantes de una empresa constructora privada, quienes operaban coordinadamente al interior del Gobierno Regional del Maule y en las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier. Según los primeros reportes de las autoridades, los involucrados habrían cometido una serie de graves delitos, entre ellos fraude al fisco, cohecho, soborno, estafas a entidades de factoring, falsificación de documentos mercantiles, delitos tributarios y lavado de activos.

El impacto de este caso, que ya adquiere connotación nacional, derivó en una serie de allanamientos simultáneos en diversos domicilios de la región durante la madrugada de este lunes 5 de octubre, operativo que arrojó la detención de diez personas: tres empresarios del sector privado y siete funcionarios públicos. Al respecto, el Fiscal Regional, Rodrigo Peña, detalló que la investigación se originó en octubre de 2024 y confirmó que se han querellado instituciones como el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos. Sobre el curso judicial, el persecutor afirmó: "Vamos a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los sujetos porque creemos que la gravedad de los hechos así lo amerita".

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Por su parte, el Prefecto Inspector de la PDI, Luis Salazar, entregó detalles sobre el modus operandi de la red criminal, explicando que las empresas particulares involucradas realizaban el cobro de facturas que habían sido manipuladas mediante el sistema de factoring, lo que configuraba el delito de malversación de fondos públicos. "Hay incautación de sus aparatos electrónicos, lo cual también, obviamente, va a ser analizado en los análisis respectivos con las unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile y con los equipos de análisis también de la Fiscalía", precisó la autoridad policial.

En tanto, el gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez (UDI), se refirió a la situación que afecta a su institución y recalcó que los hechos comenzaron antes de que él asumiera el cargo, indicando que su administración presentó la primera denuncia el 7 de abril de 2025 tras las alertas de sus asesores jurídicos. La autoridad regional agregó que luego de iniciarse la investigación interna, uno de los funcionarios renunció voluntariamente a su cargo, mientras que al segundo se le aplicó un sumario administrativo y fue suspendido de sus funciones. Actualmente, los diez imputados se encuentran enfrentando la formalización de cargos en el Tribunal de Garantía de San Javier.