Reprograman audiencia contra acusado de siniestro vial que costó la vida a familia de Hualañé

El Juzgado de Garantía de Molina resolvió reprogramar para el próximo lunes 28 de septiembre, a las 10:40 horas, la audiencia de preparación de juicio oral en contra del conductor acusado de provocar un trágico accidente automovilístico en el sector conocido como vuelta Santa Elena.

El imputado, identificado como Héctor Marcelo García Sepúlveda, de 58 años y de profesión abogado, enfrentará a la justicia por su responsabilidad directa en el siniestro que cobró la vida de tres miembros de una conocida familia de la comuna de Hualañé.

El fatal accidente de tránsito se registró el pasado sábado 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 18:20 horas, a la altura del kilómetro 3 de la Ruta K-175, vía que conduce hacia el sector precordillerano de Radal y Parque Inglés.

De acuerdo con el documento de acusación presentado por la fiscal jefa de Molina, Lucy Bustamante, la dinámica de los hechos detalla que el individuo manejaba en condiciones físicas y psíquicas deficientes, conduciendo su automóvil a una velocidad imprudente y no razonable. Al llegar a la curva, esta conducción deficiente provocó que traspasara el eje central de la calzada, ingresando a la pista contraria para impactar de manera frontal al vehículo en el que viajaban las víctimas.

A raíz de la brutal colisión fallecieron de forma instantánea Marisol Valenzuela Fuenzalida y sus dos hijos, Manuel Rojas Valenzuela y Thiare Rojas Valenzuela, destacando que esta última formaba parte activa del equipo de Laboratorio del Hospital Provincial de Curicó.

Posteriormente, las pericias médicas y toxicológicas ordenadas por la Fiscalía confirmaron la gravedad del estado del conductor, revelando que García Sepúlveda arrojó un resultado positivo para el consumo de marihuana y registró un nivel de 2.72 gramos de alcohol por litro en la sangre al momento del impacto.

Con el objetivo de lograr la máxima condena posible por estos gravísimos hechos, el Ministerio Público solicitará al tribunal durante la audiencia preparatoria que se imponga al acusado una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Adicionalmente, el ente persecutor exige el pago de una multa económica ascendente a 20 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados.