Un complejo escenario previsional es el que enfrenta José Troncoso González, un adulto mayor de la comuna de Talca que decidió emprender acciones legales en contra de la Superintendencia de Pensiones y la AFP Provida. A través de un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones, el pensionado busca detener los constantes descuentos que se realizan directamente desde su cuenta de capitalización individual, dineros que están siendo utilizados para financiar su propio Aporte Previsional Solidario de Vejez.
La problemática radica en que, al jubilarse bajo la modalidad de retiro programado y haber solicitado este aporte solidario entre enero de 2020 y enero de 2022, una normativa específica de la Superintendencia obliga a este grupo en particular a utilizar sus propios ahorros para cubrir el beneficio. Ante esta situación, el afectado busca que el tribunal de alzada falle a su favor y declare inconstitucional la medida, argumentando que genera una profunda desigualdad respecto a otras categorías de pensionados y reduce progresivamente su jubilación mes a mes.
Todo sobre Cobros indebidos
Frente a este escenario que podría estar afectando a otros adultos mayores sin que lo sepan, la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Maule, Natalia Márquez, entregó recomendaciones para abordar el tema. La académica aprovechó la instancia para hacer un llamado a que las personas revisen minuciosamente las cartolas y "los descuentos efectuados por su AFP, y que estos se encuentren en conformidad a lo que dispone la ley". Asimismo, la profesional recomendó agotar primero las instancias administrativas ante la Superintendencia de Pensiones y, en un segundo momento, "analizar caso a caso si es posible o si es viable alguna acción judicial".
La Corte de Apelaciones de Talca ya declaró admisible este recurso de protección y solicitó los antecedentes correspondientes tanto a la entidad fiscalizadora como a la administradora de fondos involucrada. Durante los próximos días la justicia deberá determinar el futuro de esta acción legal, la cual, de ser acogida favorablemente, podría abrir la puerta para que otros pensionados exijan el cese de estos cobros y la restitución de la equidad en el pago de sus beneficios solidarios.