Durante la votación se rechazaron varias de las observaciones que realizó el presidente Sebastián Piñera. Esto deberá ser ratificado por el Senado.
Proyecto de Ley
El proyecto fue despachado el 11 de junio desde el Congreso. No obstante, El Gobierno lo vetó, argumentando que se trata de un proyecto innecesario, debido a la existencia de un acuerdo de palabra con las empresas de servicios básicos.
Cabe señalar que el proyecto ya venía con un informe negativo desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Las ventajas de la Ley
La medida establece una vigencia de 30 días antes y 90 días después de publicada la Ley. En este lapso, las empresas proveedoras de servicios sanitarios no podrán cortar el suministro por mora en el pago a diversos clientes.
Los clientes que dejen de pagar sus cuentas de luz, gas de red y agua; luego esos costos los deberá asumir en los saldos de los siguientes 12 meses, sin multas ni mora.
Esto, a excepción de la industria de telefonía, que es competitiva por lo que el no pago de las cuentas era inviable.
Veto presidencial
Anteriormente, desde el Gobierno habían explicado que el objetivo del veto era corregir algunos puntos de la iniciativa, pero manteniendo el objetivo de evitar los cortes de servicios básicos para los hogares que se hayan visto afectados económicamente por la crisis de la COVID-19.
"Los ajustes son, básicamente, cambios en la redacción que permiten reparar los problemas constitucionales que tiene el proyecto sin afectar los beneficios a las personas", sostuvo el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
"Se mantiene intacta la obligación de no cortar el servicio, se mantienen los beneficios en electricidad, en agua, en gas de red, y en telecomunicaciones los planes de las compañías se ampliaron con los mismos beneficios que establece la ley", añadió, en su momento.