CAE

El parlamentario cuestionó las severas retenciones de fondos y medidas de cobro impulsadas por el organismo contra los morosos del Crédito con Aval del Estado. A través de un documento formal, solicitó transparentar los criterios aplicados y pidió establecer convenios de pago que no afecten la estabilidad económica de las familias.

El parlamentario cuestionó duramente las medidas de cobro impulsadas por el Gobierno, argumentando que el organismo recaudador se está extralimitando en sus facultades, ya que no se trata de deudas tributarias. Además, apuntó directamente contra el ministro de la cartera por liderar estas acciones.

La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para evitar que la Tesorería General de la República embargue remuneraciones y fondos depositados en cuentas bancarias, argumentando que se expone a profesionales y técnicos a "extrema vulnerabilidad patrimonial".

Iván González reapareció en redes sociales para explicar su postura sobre los embargos de cuentas bancarias por deudas del Crédito con Aval del Estado, criticando la falta de claridad política y sugiriendo vías de acción para los afectados.

La medida, que ya se aplica en tres regiones del país, busca recuperar recursos fiscales y podría derivar en el remate judicial de los inmuebles si las deudas no son regularizadas.

Un reportaje televisivo expuso que Felipe Méndez mantiene una morosidad cercana a los 16 millones de pesos por el Fondo Solidario. A través de un comunicado, el jefe comunal aseguró que ya había saldado su CAE y que desconocía este monto pendiente debido a que notificaciones fueron enviadas a un correo electrónico obsoleto.

La medida judicial frena temporalmente el cobro de una deuda del Crédito con Aval del Estado mientras se analiza el fondo del caso presentado por un deudor.

Más de 550 mil personas mantienen deudas pendientes por el Crédito con Aval del Estado. La Tesorería habilitó un sitio web para pagos y convenios.

La Tesorería General de la República implementará acciones legales directas contra quienes registran ingresos superiores a $5 millones mensuales y mantienen deudas vigentes del Crédito con Aval del Estado.

Una revisión de la nómina pública de deudores morosos del Fondo Solidario del Crédito Universitario reveló la presencia de ocho parlamentarios y al menos seis funcionarios de gobierno con deudas que varían entre un millón y 40 millones de pesos.