Ante las recientes denuncias sobre embargos de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República, un grupo de parlamentarios de oposición ha presentado en el Congreso una propuesta legislativa. El proyecto, bautizado como “ley sueldos protegidos”, tiene como objetivo primordial salvaguardar la inembargabilidad de las remuneraciones de los afectados por estas deudas.
La iniciativa cuenta con el respaldo de diputados como Daniela Serrano, Nathalie Castillo, Luis Cuello, Marcos Barraza y Boric Barrera (PC); Emilia Schneider (FA); Ana María Gazmuri (Acción Humanista); Juan Santana (PS); Paula Olmos (PDG) y Patricio Pinilla (DC). Su propósito es modificar el Código del Trabajo para prevenir embargos sobre cuentas bancarias, especialmente en casos de deudas como la del CAE.
Los impulsores de la moción parlamentaria sostienen que las acciones de cobro de la Tesorería General de la República, “han expuesto a miles de profesionales y técnicos a una situación de extrema vulnerabilidad patrimonial”. En el fundamento del proyecto, se critica que las medidas de cobro, “justificadas bajo la premisa técnica de la ‘recuperación de activos’, estas cobranzas masivas omiten deliberadamente la precariedad del mercado laboral actual y la imposibilidad fáctica de pago de un alto porcentaje de los deudores”.
Se recuerda que “el artículo 57 del Código del Trabajo consagra el principio matriz de la inembargabilidad de las remuneraciones de los trabajadores como una garantía mínima de subsistencia familiar, admitiendo el embargo solo de forma excepcional sobre la parte que exceda las 57 Unidades de Fomento (unos 2 millones 322 mil pesos a este lunes)”.
La propuesta busca añadir un artículo único al Decreto Fuerza Ley N°1 que establece el Código del Trabajo, incorporando un inciso final al artículo 57. Este nuevo texto estipula que “La inembargabilidad de las remuneraciones definidas en el artículo 41 subsistirá íntegramente y conservará su naturaleza jurídica de tal para todos los efectos legales, sin que dichos fondos puedan ser considerados activos o saldos sujetos a compensación, aun cuando sean depositados o transferidos en la cuenta bancaria, vista o de ahorro que el trabajador informe a su empleador y a la institución depositaria para tales fines”.
Además, se especifica que “esta protección será oponible a cualquier acreedor y se extenderá hasta el límite señalado en el inciso primero. Para efectos de esta protección, el origen remuneratorio de los fondos se acreditará mediante el respectivo comprobante de pago o la glosa de transferencia bancaria del empleador, cuya verificación recaerá en la institución depositaria”.
La diputada Daniela Serrano (PC), autora del proyecto, enfatizó que “es importante hacer ver que el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz y este gobierno, son los responsables de que la Tesorería esté embargando sueldos de deudores del CAE”. Añadió que “El ministro Quiroz no ha sido capaz de sostener que es a aquellas personas que ganan menos de $3,5 millones no hayan sido embargadas, es decir, se aplicó un vaciamiento de cuentas bancarias a familias chilenas que en estos momentos no tienen idea de cómo llegar a fin de mes”.
Serrano explicó que la iniciativa busca “para que no exista una interpretación mañosa de la Tesorería, que pueda resguardar la inembargabilidad de los fondos que ya están protegidos por el artículo 57 de Código del Trabajo”. Subrayó que “Es decir, lo que queremos hacer extensiva, es que este embargo de los sueldos sea ilegal, sobre todo cuando se encuentre en las cuentas bancarias”, y agregó que “la Tesorería no puede hacer una interpretación diciendo que no sabía que eran los sueldos o que no sabían que eran las 56 UF ya consagradas como inembargables”.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) calificó las acciones del gobierno, a través de la TGR, como “inmorales y una verdadera vulneración de derechos”. Schneider afirmó que “El gobierno insiste en culpar a las personas que no pueden pagar la deuda del CAE, por una política pública que fracasó, porque el CAE fue un fracaso del Estado. Un despilfarro de recursos para el fisco, un estrés financiero para las instituciones de educación superior y un abuso para las familias chilenas”.
Schneider propuso como solución a la deuda eliminar el mecanismo del CAE y “condonar estas deudas”, además de crear un mecanismo que considere el “derecho a la educación”.
El diputado Juan Santana (PS) también se refirió a la situación, comparando el funcionamiento del país con “la ley del embudo. Ancho para los empresarios, restringido para los trabajadores”. Santana citó cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), indicando que “según información del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre el periodo de 2018 y 2020 en Chile el incumplimiento por el no pago de impuestos de las empresas bordea el 50%. Según información que entregó Michel Jorratt, ex director del Servicio de Impuestos Internos, entre el periodo de 2013 y 2018 el monto que el Estado chileno deja de percibir por concepto de evasión alcanza los 21.500 millones de dólares”.
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