"El Estado no es un banco": Diputado Guzmán oficia a Tesorería para frenar embargos por deudas del CAE

En medio de la creciente controversia nacional por las denuncias de retenciones de fondos y embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el diputado Jorge Guzmán anunció el envío de un oficio de fiscalización dirigido a la Tesorería General de la República (TGR). El objetivo de la acción parlamentaria es exigir respuestas detalladas sobre los procedimientos de cobranza que se están aplicando y solicitar la apertura de alternativas más justas para quienes buscan regularizar su situación.

El legislador por la Región del Maule argumentó que las recientes acciones del organismo recaudador resultan desproporcionadas, especialmente si se toma en consideración el contexto político de los últimos años, donde se prometió a nivel gubernamental el perdón de estas obligaciones financieras estudiantiles.

"No nos parece correcta la forma en que la Tesorería General de la República está actuando respecto a los deudores del CAE. Recordemos que fue el propio Estado, a través del gobierno del expresidente Boric, el que generó expectativas de condonación de esta deuda y miles de personas, lamentablemente, confiaron en esos anuncios que no tenían sustento y tomaron decisiones en función de ellos", afirmó Guzmán.

Si bien el parlamentario fue claro en reconocer que los compromisos crediticios adquiridos deben ser saldados, cuestionó la dureza de los mecanismos empleados por el Fisco, instando a las autoridades a agotar las instancias de diálogo antes de intervenir el patrimonio de los afectados.

"Las deudas deben pagarse, pero la solución no puede ser el embargo de sueldos, de cuentas corrientes o ahorros sin antes explorar alternativas razonables de solución. Por eso hemos oficiado a la Tesorería General de la República para que explique el procedimiento que está aplicando y sobre todo para que evalúe convenios de pago más flexibles", detalló el diputado.

A través del requerimiento oficial enviado a la TGR, se busca esclarecer de manera formal cuáles son los criterios específicos que se utilizan para determinar las retenciones, revisar la efectividad de los mecanismos de notificación a los deudores y exigir la creación de fórmulas que permitan compatibilizar la recuperación de los recursos públicos con la compleja realidad económica que enfrentan muchos profesionales.

"El Estado no es un banco y debe actuar con proporcionalidad, con justicia y con sentido común", concluyó el legislador, haciendo un fuerte llamado a reconsiderar las políticas punitivas del organismo estatal.