Un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto la entrega generalizada de permisos de circulación de manera irregular a nivel nacional, develando un preocupante escenario en la Región del Maule y, de manera específica, al interior de la Municipalidad de Curicó.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23, publicado este lunes 15 de junio, diversas entidades edilicias otorgaron la renovación de este documento obligatorio a vehículos que presentaban multas de tránsito impagas, contraviniendo directamente la Ley N° 18.287. Dicha normativa establece que los vehículos con infracciones anotadas al 30 de noviembre y que se encuentren impagas al momento del trámite, no pueden renovar su permiso a menos que las cancelen de forma simultánea.
De acuerdo a los datos oficiales, el análisis exhaustivo para el período 2022-2025 evidenció eventuales conflictos de interés al interior del municipio curicano. Las cifras muestran que en Curicó se otorgaron un total de 1.380 permisos de circulación a conductores con multas impagas. De esta cantidad, 58 correspondieron a renovaciones directas a funcionarios de la misma municipalidad, mientras que otros 336 permisos irregulares beneficiaron a familiares de dichos trabajadores.
La irregularidad no se limitó a la cabecera provincial norte. El cruce de datos constató que la práctica también se replicó en otras reparticiones edilicias del Maule.
Entre los casos más llamativos a nivel regional destaca Cauquenes, que registró un total de 233 permisos con infracciones vigentes, de los cuales 12 fueron para funcionarios y 66 para sus familiares. A esta comuna le siguen:
- Romeral: 224 permisos irregulares (4 a funcionarios y 30 a familiares).
- Hualañé: 207 permisos con multas (3 a funcionarios y 26 a familiares).
- Teno: 203 documentos visados ilegalmente (5 a funcionarios y 37 a familiares).
Por su parte, la capital regional, Talca, anotó 240 permisos renovados a conductores con multas pendientes (incluyendo a 3 familiares de trabajadores), mientras que Linares otorgó 182, entre los cuales figuran un funcionario y un familiar.
A nivel país, el documento de la CGR estableció que el 93% de las municipalidades chilenas (322) otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación irregularmente. De este universo, se advirtieron conflictos de interés generalizados que suman 1.172 casos de funcionarios y 7.378 familiares renovando en la misma condición.
El ente contralor advirtió además de casos extremos de acumulación de infracciones, como ocurrió en Quilicura, que renovó el permiso a un vehículo con 240 multas vigentes, y Santiago, que hizo lo propio con un automóvil que registraba 149 infracciones. Adicionalmente, 62 comunas vulneraron la Ley N° 21.083 al renovar ilegalmente este documento a 497 personas registradas como infractoras y evasoras del sistema Transantiago.
Frente a la gravedad de los hallazgos, la Contraloría General de la República instruyó medidas inmediatas. Según estipula la resolución, las municipalidades involucradas deberán iniciar "sumarios administrativos para evaluar eventuales responsabilidades administrativas".
Asimismo, en aquellos casos donde existe la posibilidad de que se haya cometido un delito durante estos procesos, los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público para dar inicio a las persecuciones penales correspondientes.
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