Un informe de la CGR reveló que, entre 2022 y 2025, la entidad local otorgó 1.380 permisos de manera irregular, beneficiando además a 336 familiares de trabajadores. La situación de vulneración normativa se repite en otras comunas del Maule, derivando en la instrucción de sumarios y el envío de antecedentes al Ministerio Público.

El informe reveló incumplimientos en los plazos de inspección e inconsistencias en los sistemas del MOP. En el ámbito local, se detectaron viaductos con deterioros evidentes y se analizaron proyectos estructurales clave para la zona costera de la provincia de Curicó.

El ente fiscalizador rechazó las acusaciones presentadas por la edil, Constanza Pinto, respecto a presuntas irregularidades en los tiempos extraordinarios de la encargada de la OTEC municipal. La resolución confirmó que las labores contaban con todos los respaldos legales, registros biométricos y decretos de autorización correspondientes.

Tras la presentación de nuevos antecedentes académicos por parte de la casa edilicia, se determinó que el servidor público sí cumplía con los requisitos exigidos por la normativa desde el primer día en que asumió sus funciones.

Ente fiscalizador detectó una diferencia no acreditada de más de mil millones de pesos. El jefe comunal, Américo Guajardo, aseguró que la indagatoria se debe únicamente a pagos atrasados en el área previsional.

El ente fiscalizador cuestionó la falta de respaldos en millonarios contratos a honorarios suscritos por Pablo Amaro Valenzuela en 2024. A raíz de estos hallazgos, se instruyó un sumario interno y una revisión exhaustiva que podría derivar en la restitución de los fondos por servicios no ejecutados.

Un reciente informe reveló que durante el periodo 2024-2025, estos tres municipios del Maule priorizaron los recursos para festividades por sobre las ayudas sociales a sus vecinos. En el caso de Talca, la diferencia superó los 90 millones de pesos en un solo año.

El ente fiscalizador determinó que el trato directo por 9,2 millones de pesos con la jurista, Angélica Caro Toro, no se ajusta a derecho, ya que las materias abordadas no poseen sustento legal para mantenerse bajo reserva. El Gobierno Regional tiene hasta el 10 de abril para transparentar los servicios efectivamente prestados.

Un reciente informe reveló que servidores públicos de instituciones maulinas recibieron ingresos paralelos mientras debían cumplir reposo obligatorio por motivos de salud.

Informe revela que, entre 2020 y agosto de 2025, un total de 72 instituciones del Estado se vieron involucradas en 164 contrataciones con esta prohibición. En el listado, aparecen los municipios de Vichuquén, San Javier y Constitución, además del SLEP Maule Costa.