Delegado Prieto condena formalización de funcionarios por millonario fraude y apunta a la administración anterior

El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, se pronunció sobre el caso de corrupción que remece a la zona, luego de que diez personas fueran formalizadas y puestas en prisión preventiva por su presunta vinculación con una red que habría defraudado al Estado. El grupo, conformado por siete hombres y tres mujeres, incluye a funcionarios del Gobierno Regional, de diversas municipalidades y representantes de una empresa privada, a quienes se les investiga por delitos económicos que bordearían los 2.972 millones de pesos.

En sus declaraciones, la autoridad regional fue enfática en repudiar los hechos, manifestando que "como gobierno los repudiamos considerablemente". Prieto subrayó el compromiso del Ejecutivo con la transparencia, asegurando que "vamos a poner todos los antecedentes a disposición para transparentar estas malas prácticas que se venían realizando y que lo único que hacen es perjudicar el buen desarrollo y progreso de la región del Maule".

Un punto central de su intervención fue la temporalidad de los delitos investigados. El delegado presidencial precisó que las irregularidades no ocurrieron durante la actual administración regional, señalando que "son funcionarios y situaciones que ocurrieron en el período anterior, es la exgobernadora Cristina Bravo la que estaba liderando el gobierno regional en su minuto cuando ocurrieron estos lamentables hechos".

La investigación, que abarca a funcionarios municipales de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, además de los dos del Gobierno Regional y la empresa constructora involucrada, contempla no solo el millonario fraude al Fisco, sino también delitos de soborno que sumarían al menos 316 millones de pesos. Prieto reiteró su disposición a colaborar con la justicia, afirmando que estarán "disponibles para declarar y entregar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer lo que pasó".

El Juzgado de Garantía de San Javier determinó un plazo de cuatro meses para investigar los hechos, período durante el cual los diez imputados deberán permanecer en prisión preventiva. Desde el Ministerio Público ya han advertido que la cantidad de involucrados podría aumentar a medida que avance la investigación.