Absuelven a concejala Constanza Pinto tras querella por injurias impulsada por funcionarias municipales

El Juzgado de Garantía de Curicó dictó veredicto absolutorio en favor de la concejala Constanza Pinto, militante del Partido Republicano, en el marco de un juicio simplificado originado por una querella por el delito de injurias. La acción judicial había sido interpuesta por dos funcionarias municipales: la exencargada de Turismo, Carmen Paz Bartolomé, y la encargada de Fomento Productivo, Nixa Bravo.

El conflicto se originó tras las denuncias públicas y presentaciones ante la Contraloría General de la República que realizó la edil, apuntando a presuntas irregularidades en el pago de horas extraordinarias a ambas trabajadoras durante el periodo 2023-2024. Sin embargo, el ente fiscalizador emitió un informe desestimando dichas anomalías; en el caso específico de Bravo, acreditó la realización de 326 horas extras en 2023 y 346 en 2024, respaldadas por decretos alcaldicios, bitácoras y reloj control biométrico.

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Tras conocer este informe, las querellantes buscaron sanciones penales contra la concejala, solicitando una pena de tres años de presidio menor, el pago de una indemnización económica de ocho millones de pesos y la exigencia de disculpas públicas. El tribunal curicano, finalmente, resolvió absolver a Constanza Pinto.

La resolución fue valorada por Patricia Molina, abogada defensora de la concejala, quien enfatizó que el sistema penal no debe utilizarse para criminalizar la labor fiscalizadora. "El tribunal acoge nuestra tesis, dicta veredicto absolutorio principalmente porque no se acreditó la intención de deshonrar ni menospreciar a las querellantes y sus dichos eran coherentes con su labor", argumentó Molina.

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Por su parte, Nixa Bravo expresó su disconformidad con el dictamen judicial, calificando la resolución como injusta y advirtiendo sobre el impacto personal que ha tenido el proceso. "Nos parece una decisión profundamente injusta, porque durante todo este tiempo se jugó de manera irresponsable con nuestros nombres, con nuestras familias, con nuestra integridad, con nuestra labor profesional, nos expusieron públicamente de forma gratuita", lamentó la funcionaria municipal.

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A pesar del revés judicial, Bravo manifestó su expectativa de que la querella deje una lección en el ámbito de la administración local. "Junto con mi compañera Carmen Paz Bartolomé, esperamos que sinceramente esto no haya sido en vano por nuestros compañeros y funcionarios municipales, la verdad que las autoridades comunales por muy electas que sean, deben entender que tienen el deber de tratar con respeto y dignidad a los funcionarios municipales", subrayó.

Finalmente, el fallo del tribunal ratificó el argumento de la defensa, estableciendo que las declaraciones de la concejala Pinto se enmarcaron dentro del legítimo ejercicio de su función fiscalizadora, cerrando así este capítulo judicial que generó tensión al interior del municipio curicano.