Prisión preventiva para banda que defraudó más de $1.600 millones a través de estafas telefónicas en Curicó

Luego de una maratónica jornada que se prolongó hasta el atardecer de este viernes 13 de noviembre, el Ministerio Público formalizó los cargos criminales contra la treintena de integrantes de una peligrosa banda desarticulada a principios de esta semana por la Policía de Investigaciones. Durante la instancia judicial desarrollada en el Tribunal de Garantía de Curicó, el fiscal Rodrigo Pizarro expuso los antecedentes de la denominada "Operación Interferencia", detallando el actuar de la agrupación que logró defraudar a más de sesenta víctimas mediante el vaciado de sus cuentas bancarias.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la organización contaba con una estructura jerárquica liderada por cuatro personas, entre ellas dos hermanos. El ente persecutor explicó que cada miembro poseía un rol específico para concretar los delitos, comenzando por quienes recolectaban bases de datos, hasta las mujeres que operaban como falsas ejecutivas. Estas últimas contactaban telefónicamente a los afectados para advertirles sobre supuestos "movimientos extraños y sospechosos" en sus productos bancarios, entregando instrucciones bajo el pretexto de protegerlos, lo que les permitía acceder a los fondos y extraerlos en cuestión de segundos mediante un software especializado.

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Según la Fiscalía de Curicó, habrían sido más de 60 las víctimas que sufrieron la intervención de sus cuentas bancarias. Los dineros sustraídos eran transferidos a cuentas de testaferros que facilitaban sus datos para la recepción de los fondos. Sin embargo, cuando estos individuos se negaban a entregar los montos, intervenía un brazo operativo de la banda dedicado al cobro violento. Esta situación configuró el delito de secuestro extorsivo, el cual se habría perpetrado en al menos seis ocasiones. En total, el Ministerio Público precisó que la banda logró obtener "utilidades de más de mil 694 millones de pesos", ganancias ilícitas que fueron utilizadas para adquirir catorce vehículos de alta gama, parcelas y diversas propiedades que ya fueron incautadas por la policía civil.

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Al finalizar la detallada exposición de los ilícitos —que también incluyeron asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos y tenencia de armas—, el tribunal acogió las solicitudes de la fiscalía. De esta manera, el magistrado decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los principales implicados de la estructura, mientras que para el resto de los formalizados se dictaron medidas de mediana intensidad, como el arresto domiciliario. Finalmente, el tribunal fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.