Tribunal de alzada mantiene la prisión preventiva para 8 imputados en megacaso de corrupción "Castillo de Naipes"

En el marco de la investigación por delitos de cohecho y fraude al fisco, conocida públicamente como el caso “Castillo de Naipes”, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó las solicitudes de ocho de los trece formalizados que buscaban revertir la medida cautelar de prisión preventiva. La decisión del tribunal de alzada se dio tras escuchar los alegatos en dos audiencias separadas, ratificando así que los imputados deberán permanecer privados de libertad mientras se desarrolla la indagatoria judicial.

La primera de estas instancias se llevó a cabo el pasado sábado 10 de octubre, jornada en la que se evaluó y rechazó la solicitud de cuatro de los investigados. Se trata de Rafael Enrique Viguera González, coordinador de obras del DAEM de Villa Alegre; René Alarcón, exInspector Técnico de Obras de la misma comuna; Luis Paz Osses, exrevisor de proyectos de la Dirección de Obras de San Javier; y Patricio Pedraza, representante legal de la empresa Inversa Consultores. Posteriormente, este lunes 12 de octubre, la Corte aplicó el mismo criterio para otros cuatro formalizados: Yolanda Flores, exfuncionaria de la Dirección de Obras de Longaví; Marisel Astudillo Meza, jefa de Adquisiciones de San Javier; Rodrigo San Martín, exjefe subrogante de obras civiles del Gobierno Regional del Maule; y Aida Leiva Torres, socia mayoritaria de la Constructora Pereira e Hijos Limitada.

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El fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, quien lideró la representación del Ministerio Público en las audiencias, enfatizó la gravedad de los hechos y la pertinencia de la medida cautelar ratificada. "La gravedad de los hechos de corrupción en la región del Maule son de particular interés de la fiscalía y del Ministerio Público y, en razón de eso, voy a participar activamente en esta investigación... para representar nuestro interés ante la Corte de Apelaciones en el sentido de que las personas que se encuentran involucradas y que están en prisión preventiva actualmente... sigan con dicha medida cautelar", señaló el persecutor, argumentando que los hechos vulneran "la fe pública" y "la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones".

Asimismo, el fiscal Peña anticipó que el caso, que investiga una defraudación al Estado estimada en $3 mil millones de pesos, podría sumar nuevos involucrados. "Esta es una investigación que como lamentablemente ocurre en los casos de corrupción, probablemente se va a ir ampliando a lo largo del tiempo... vamos a perseguir a quien sea que se vea involucrado en estos hechos independientemente del cargo o la función que desempeñe", advirtió la autoridad. En la misma línea, Peña aseguró que buscarán las condenas más altas posibles: "El Ministerio Público va a llegar hasta el final en la investigación y vamos a instar porque se apliquen las medidas cautelares más fuertes y el día de mañana se obtengan las penas también más elevadas por la gravedad de los hechos".

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Tras estas resoluciones judiciales, el fiscal de San Javier, Patricio Caroca, valoró el resultado destacando que "este importante fallo de la ilustrísima Corte nos permite ratificar que se encuentran acreditados preliminarmente todos los delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación criminal y lavado de activos por los cuales esta fiscalía ha formalizado a los imputados". Además, Caroca afirmó que el fallo confirma que "los antecedentes recopilados en la investigación son plenamente suficientes para entender la extrema gravedad de los hechos". La investigación mantiene un plazo de cuatro meses, periodo en el cual el Ministerio Público continuará reuniendo las pruebas de este esquema defraudatorio.