Responder hoy, enfermar mañana

El Gobierno presentó el proyecto de Presupuestos 2027 para el Ministerio de Salud con una cifra tranquilizadora: $18,31 billones, un alza de 4,7% respecto de 2026. Pero los promedios esconden lo que importa. Ese porcentaje se mide contra la ley aprobada el año pasado, no contra lo que la red realmente necesitó. Durante 2026, el presupuesto de FONASA tuvo que ampliarse en más de $927 mil millones (+6,2%) sobre lo aprobado, y a agosto ya se había ejecutado el 73,3% de los recursos, cuando el calendario marcaba 66,7%. Si se compara el proyecto 2027 con ese presupuesto ya ampliado, el crecimiento prácticamente desaparece: ajustado por reajuste, queda incluso cerca de 1% por debajo. No es un recorte brutal, pero tampoco es la expansión que se anuncia. Es, en el mejor de los casos, un presupuesto de continuidad para un sistema que hoy no da abasto.

El caso más visible es el Fondo de Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo de la Ley Ricarte Soto, que cae de $195.159 millones a $166.951 millones en moneda 2027: $28.208 millones menos, un -14,5% real. La ministra ha dicho que no habrá impacto en los pacientes, que la ley es un derecho y que, si faltan recursos, se suplementarán durante el año. Es una garantía importante, y conviene tomarle la palabra. Pero entonces la pregunta es otra: ¿por qué presupuestar a sabiendas por debajo de lo que se va a gastar? El propio Gobierno reconoce que este fondo históricamente ha requerido más de lo asignado. Subpresupuestar una prestación de demanda creciente, con 27 patologías cubiertas y terapias cada vez más costosas, no es ahorro. Es trasladar la discusión fuera del Congreso y dejar a los pacientes dependiendo de decisiones administrativas a mitad de año.

La misma lógica aparece en la red hospitalaria que no se financia por GRD: Direcciones de Servicio y hospitales de baja y mediana complejidad. Su principal fuente, el Programa de Prestaciones Institucionales, baja 3,1% ($77.966 millones) respecto de la ley 2026. Sin embargo, durante este año ese programa tuvo que reforzarse en torno a $735 mil millones para que la red siguiera operando. El proyecto reconoce el problema al incluir $862.995 millones para “normalización presupuestaria” de los Servicios de Salud, es decir, para cubrir brechas que ya existen. Eso es positivo. Pero un sistema que cada año necesita una normalización de casi un billón de pesos no tiene un problema de gestión puntual, sino un subfinanciamiento estructural que este presupuesto administra sin resolver.

Donde los números se vuelven más concretos es en las listas de espera. Al cierre del segundo trimestre de 2026, la lista no GES llegaba a casi 3 millones de casos (2.989.061). Las cirugías pendientes subieron a 475.553 en un solo trimestre, con 17.400 casos más, una mediana de espera de 277 días y unas 186.000 personas esperando más de un año. Hay avances reales que reconocer: las garantías GES retrasadas bajaron a 68.878, su menor nivel desde 2022, y las medianas de espera son menores que hace un año. Pero el presupuesto no acompaña la magnitud del problema. La compra de prestaciones a privados crece en $301.017 millones, aunque más de la mitad ($175.427 millones) se va a cubrir la Ley de Urgencia, incluida deuda de 2025, mientras los recursos específicos para listas de espera bajan $22.879 millones. El Plan de Productividad Quirúrgica, con $83.197 millones, se pone como meta 100.935 cirugías en 2027: apenas una de cada cinco de las que hoy están en espera.

Lo más preocupante es lo poco que se invierte en llegar antes. El nuevo programa de prevención universal para pesquisar cáncer cervicouterino, colorrectal y gástrico, los tres de mayor carga de enfermedad según el propio Ejecutivo, cuenta con $5.387 millones: menos de una quinta parte de lo que se reduce en la Ricarte Soto. El cáncer colorrectal, de hecho, ya figura entre las cinco garantías GES con más retrasos, con 4.151 personas. El Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil y el Sistema de Protección Integral a la Infancia quedan congelados en términos reales, y la alimentación complementaria (PNAC) crece apenas 0,3%. Hay excepciones valiosas, como los centros comunitarios de salud mental (COSAM), que suben 7,1%. Pero el patrón general es claro: se financia la enfermedad que ya llegó y se escatima en la que todavía se puede evitar. Es la decisión más cara a mediano plazo.

Por último, cambia en silencio la composición del financiamiento. En los ingresos de FONASA, las cotizaciones de los trabajadores crecen 30,2% (+$992.345 millones), mientras el aporte fiscal libre cae 1,9% (-$228.586 millones). Puede haber explicaciones técnicas para esa alza, pero el resultado es que buena parte del crecimiento de la salud pública descansa en lo que aportan los afiliados y no en una mayor prioridad fiscal. Nadie discute la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Lo que se discute es dónde. Un presupuesto que dice responder hoy sin comprometer el mañana debería asegurar en la ley, y no en promesas de suplementos, lo que la red ya gasta, financiar en serio la resolución de las esperas y apostar por la prevención. El Congreso tiene la oportunidad de corregirlo. En salud, cada peso que se posterga hoy se paga después, con intereses y con pacientes.