La “señora de feria”: cuando la política se convierte en clasismo

Hay discusiones políticas que pueden ser duras, incómodas e incluso profundamente confrontacionales. Así debe ser, en cierta medida, porque la democracia no consiste en que todos pensemos igual.

Consiste precisamente en que podamos pensar distinto y, aun así, reconocernos como iguales en dignidad.

Por eso, lo ocurrido recientemente en el Senado entre las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai (triste espectáculo en cadena nacional ) merece algo más que el comentario anecdótico sobre una pelea parlamentaria.

Hay una expresión que debería hacernos detenernos: “señora de feria”. Y hay otra categoría que suele aparecer, explícita o implícitamente, en este tipo de descalificaciones: “poblacional”.

No son conceptos inocentes cuando son utilizados como insulto.

Una persona puede trabajar en una feria. Puede vivir en una población. Puede provenir de un barrio acomodado o de uno popular. Puede tener una determinada forma de hablar, vestir o expresarse. Nada de aquello determina su inteligencia, su honestidad, su capacidad ni, mucho menos, su derecho a participar en la vida pública.

El problema aparece cuando esas características dejan de utilizarse para describir una realidad y pasan a convertirse en un mecanismo de degradación.

Porque decirle a alguien “señora de feria” como forma de menosprecio no constituye una crítica a sus argumentos. No demuestra que esté equivocada. No refuta ninguna de sus posiciones. Simplemente intenta ubicarla en un supuesto escalón inferior de la sociedad.

Y eso tiene un nombre bastante antiguo: clasismo.

Podemos discutir ferozmente con una senadora. Podemos considerar que sus argumentos son equivocados, que sus intervenciones son deficientes o que sus posiciones políticas son incluso irresponsables. Todo ello forma parte de la libertad de expresión y del legítimo debate democrático.

Pero hay una diferencia sustancial entre decir “su argumento es pobre” y decir “usted es pobre”.

En el primer caso se cuestiona una idea. En el segundo, se intenta cuestionar a la persona por aquello que se supone que es o representa.

Y cuando esa descalificación está asociada al origen social, el problema adquiere una dimensión todavía mayor.

El Senado no es un club privado al que se accede por linaje, educación, apellido o patrimonio. Es una institución de representación política. Quienes se sientan ahí lo hacen porque obtuvieron el respaldo de ciudadanos que, en una democracia, tienen exactamente el mismo valor electoral.

Por eso, cuando se descalifica a una parlamentaria por su supuesto origen social, no solamente se agrede a la persona. De alguna manera, también se transmite un mensaje respecto de quienes la eligieron: que determinados sectores sociales tendrían menos legitimidad para estar representados en las instituciones de la República.

Y eso debería preocuparnos a todos.

No importa si la expresión proviene de la izquierda, de la derecha o de cualquier otro sector político. El clasismo no se vuelve aceptable dependiendo de quién lo pronuncie.

Tampoco sería aceptable, en sentido contrario, descalificar a alguien llamándolo “cuico”, “niñito de barrio alto” o cualquier otra expresión destinada a convertir su origen social en un insulto. El principio debe ser el mismo.

Si queremos una política menos agresiva, el camino no es exigir que los políticos dejen de confrontar. Es exigirles que confronten mejor.

Que ataquen las ideas y no los orígenes.

Que cuestionen las decisiones y no las condiciones sociales.

Que contradigan los argumentos y no la dignidad de quien los formula.

Porque la democracia no se fortalece cuando todos somos amables. Se fortalece cuando somos capaces de ser profundamente adversarios sin dejar de reconocernos como ciudadanos iguales.

Y hay algo especialmente importante cuando esto ocurre dentro del Senado: quienes ocupan esos escaños no solamente representan sus propias opiniones. También encarnan, quieran o no, una determinada idea de cómo debe funcionar la República.

Por eso las palabras importan.

Mucho.

Decir “señora de feria” como insulto puede parecer apenas una frase desafortunada en medio de una discusión acalorada. Pero detrás de ella existe una idea bastante más peligrosa: que hay personas que, por su origen, su barrio, su oficio o su forma de hablar, son menos dignas de ocupar determinados espacios.

Esa idea debería ser rechazada sin importar quién sea el destinatario ni quién sea el autor.

Porque una República verdaderamente democrática no debería preguntarnos de dónde viene una persona para determinar cuánto vale.

Debería preguntarnos qué piensa, qué propone y qué hace.

Y eso, precisamente eso, es lo que deberíamos exigirle a quienes tienen el privilegio y la responsabilidad de representarnos.