Tribunal decreta arresto domiciliario nocturno y uso de tobillera para prófugo acusado de millonarias estafas

El Juzgado de Garantía de Curicó determinó aplicar las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y el uso de tobillera electrónica para Felipe Andrés del Villar Castillo, un hombre de 41 años que fue detenido tras mantenerse prolongadamente en calidad de prófugo de la justicia. El individuo, que presentaba un amplio historial delictual asociado a ilícitos contra el patrimonio, fue puesto a disposición del tribunal durante la jornada de este martes para responder por cinco órdenes de arresto vigentes, correspondientes a cuatro delitos de estafa y otras defraudaciones, además de una causa por falsificación o uso malicioso de documento público.

Durante el desarrollo de la respectiva audiencia de control, las autoridades del tribunal analizaron en detalle cada una de las investigaciones que pesaban sobre el detenido. El fiscal a cargo de exponer los antecedentes, Felipe Novoa, explicó la resolución judicial precisando que "este imputado tiene a lo menos cinco causas, se revisaron este martes, en todas ya tenía orden de detención, otras estaba en rebeldía, otras están en tramitación, otras fueron sobreseídas". En cuanto al futuro procesal del acusado respecto a los delitos comprobados, el representante del Ministerio Público añadió que "en definitiva las que siguieron vigentes, está pendiente una preparación para juicio oral y en otras en cumplimiento se le intensificó y quedó en otras con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno mientras duren las investigaciones".

La presentación del imputado ante la justicia fue posible luego de que detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI lograran su captura este lunes en el sector de Sarmiento, tras un operativo de inteligencia que permitió ubicarlo luego de evadir la acción policial desde el año 2017 ocultándose en la ciudad de Chillán. Los antecedentes expuestos en el proceso judicial revelaron que el sujeto operaba mediante falsas transacciones de compraventa de vehículos, simulando mantener vínculos comerciales con diversas concesionarias y entidades financieras. Según los datos presentados, solo en tres de las investigaciones vigentes a nivel nacional, los montos defraudados a las víctimas superan la suma de 53 millones de pesos.