Aplazan para 2027 juicio por atropello fatal en camino a Zapallar

El esperado juicio oral contra Agustín Rosas Parada (21), el universitario acusado de atropellar y dar muerte a Víctor Hugo Ramírez Ibarra (49) en el camino a Zapallar, en Curicó, sufrió una sorpresiva postergación. El tribunal se vio en la obligación legal de aplazar la audiencia, originalmente programada para este lunes, fijando como nueva fecha el 15 de marzo de 2027. La decisión se tomó luego de que el abogado defensor, Leonardo Battaglia, presentara un certificado médico indicando que el imputado no se encuentra en condiciones psicológicas ni emocionales para afrontar un juicio oral y público.

El fatal incidente ocurrió la noche del 26 de diciembre de 2023, cuando la víctima se encontraba paseando a sus perros por el mencionado sector. Según los antecedentes expuestos por la familia, el joven conductor embistió a Ramírez Ibarra por la espalda en un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, causándole la muerte de forma prácticamente instantánea. Las investigaciones confirmaron que el imputado manejaba en estado de ebriedad, delito por el cual arriesga una condena de aproximadamente cinco años de presidio.

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La postergación del proceso judicial generó profunda indignación en los familiares del fallecido, quienes se encontraban presentes en el tribunal junto a los testigos notificados. Rosana Cañete, prima de la víctima, calificó la presentación del certificado médico como "una estrategia de la contraparte [...] para ganar tiempo". La familiar cuestionó duramente la situación emocional alegada por la defensa: "Si él está con estos problemas emocionales, imagínense la familia, las víctimas, ¿cómo estamos nosotros?".

Además del aplazamiento, la familia denunció la falta de empatía por parte del entorno del imputado, asegurando que no han recibido muestras de arrepentimiento ni disculpas, y que tampoco se han cumplido los acuerdos económicos establecidos previamente. Actualmente, el acusado goza de medidas cautelares de menor intensidad, como firma y arraigo nacional, luego de haber permanecido poco más de ocho meses en prisión preventiva. La familia exige que el joven cumpla con los casi cuatro meses restantes de cárcel efectiva que estipula la Ley Emilia, y que se haga justicia por la irresponsabilidad que, según declararon, "nos ha traído un sufrimiento enorme que todavía no podemos cerrar".