¿Municipio o Estado?: Alcalde y delegado presidencial chocan por desalojo de toma Dragones Sur

El reciente operativo de limpieza y retiro de asentamientos irregulares en la línea férrea de Curicó dejó en evidencia una clara diferencia de criterios entre las autoridades respecto a otro conflicto habitacional que afecta a la comuna: el desalojo de la toma Dragones Sur.

Durante la intervención en los terrenos aledaños al cruce ferroviario, tanto el alcalde George Bordachar como el delegado presidencial provincial, Óscar Águila, manifestaron posturas contrapuestas sobre qué entidad debe asumir la responsabilidad de liderar y ejecutar la erradicación de dicho campamento.

Para el alcalde Bordachar, la erradicación de la toma escapa a las facultades exclusivas de la casa edilicia. Según argumentó la máxima autoridad comunal, la situación de la toma es "un tema mayor". Por lo mismo, el edil enfatizó que "necesitamos el Estado más presente, porque hay muchas entidades involucradas en esto", refiriéndose a los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, además de diversos servicios gubernamentales.

Por su parte, el delegado presidencial, Óscar Águila, fue categórico en señalar que el mandato legal apunta directamente a la administración local. "La toma es un tema que lo tiene la municipalidad", sentenció el representante del gobierno. En la misma línea, Águila recalcó que actualmente "hay una orden judicial que está bajo su responsabilidad".

Pese a la discrepancia sobre quién debe liderar la acción principal, el delegado coincidió con el alcalde en la alta complejidad social que reviste el lugar. Águila reconoció que el desalojo de la toma es "un tema de mayor envergadura porque implica la presencia de personas mayores y niños".

Por esta razón, la autoridad gubernamental advirtió que para concretar cualquier intervención en Dragones Sur "tienen que participar otros estamentos del Estado", aludiendo a que el operativo debe ser mucho más exhaustivo que el rápido despeje ejecutado en los rucos de la línea del tren.