Justicia decreta arraigo nacional para joven de 23 años formalizada por amenazas de muerte contra el Presidente Kast

El Juzgado de Garantía de Talca formalizó a una mujer de 23 años, de nacionalidad chilena, luego de ser detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) tras realizar una amenaza de muerte en contra del Presidente de la República, José Antonio Kast. La imputada fue formalizada por el delito de amenazas en contra de la autoridad, luego de publicar un comentario en la red social Instagram que fue calificado como una incitación a atentar contra la vida del jefe de Estado.

Según los antecedentes proporcionados por la PDI, la alerta se originó a través de una cooperación internacional con Meta Platforms que detectó una fotografía en la que se sugería el uso de un arma de fuego para atentar contra la vida del mandatario. La inspectora Odette Gutiérrez de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana detalló que "esta amenaza tiene relación con una fotografía que fue publicada desde un perfil de Instagram, la cual fue tomada fuera de inmediaciones de edificios públicos de Talca y esta fotografía contenía una amenaza dirigida al mandatario y a su vez mencionaba el uso de un arma de fuego".

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Tras el análisis de la información, el Ministerio Público solicitó que a la imputada se le aplicaran las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse al Presidente, argumentando que la amenaza fue explícita y que existió una intención de generar alarma pública. El juez de garantía, tras escuchar a las partes, accedió a la petición de la Fiscalía, señalando que los antecedentes expuestos configuraban el delito de amenazas, por lo que decretó las medidas cautelares solicitadas.

Por su parte, el Fiscal Jefe de Talca, Héctor de la Fuente hizo una advertencia a los usuarios de redes sociales: "Debemos ser particularmente cuidadosos cuando emitimos algún juicio, la crítica puede ser abierta pero en los términos en que ustedes escucharon en que se vertió esto, se mencionaba la posibilidad de la utilización de un arma de fuego y quitarle la vida a más de una persona".

El tribunal fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación, tiempo en el que la Fiscalía deberá recabar los antecedentes que permitan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la imputada en el delito de amenazas. La joven se mantendrá en libertad mientras dure la investigación, pero con la prohibición de salir del país y de acercarse al Presidente de la República, medidas cautelares que buscan garantizar su comparecencia en el proceso judicial.