Contraloría detecta millonarias irregularidades y pagos injustificados en contratos de conservación vial en el Maule

La Contraloría General de la República dio a conocer graves anomalías en la ejecución y control de los contratos de conservación de caminos básicos correspondientes a las rutas L-514 y L-642 en la comuna de Retiro, y la ruta J-680 en Rauco y Hualañé. Las iniciativas, adjudicadas por la Dirección Regional de Vialidad del Maule a la empresa Demotron S.A. y financiadas con más de 10.422 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), presentaron severas inconsistencias financieras y constructivas que culminaron con el término anticipado de los acuerdos. De acuerdo con el documento oficial, la auditoría evidenció "deficiencias relevantes en los mecanismos de fiscalización, validación y control preventivo aplicados por la Dirección Regional de Vialidad del Maule y el Gobierno Regional (GORE) del Maule".

Uno de los hallazgos más críticos del organismo fiscalizador apunta a la validación de estados de pago por obras que no se concretaron en la realidad. El reporte señala que la repartición técnica "autorizó estados de pago respecto de cantidades cuya ejecución física y respaldo técnico no se encontraban suficientemente acreditados, mientras que el Gobierno Regional revisó, aprobó y desembolsó los recursos asociados". La situación más grave se constató en el contrato de la ruta J-680, donde de los $3.894.757.624 pesos pagados de forma acumulada, las comisiones de recepción por término anticipado solo reconocieron trabajos por $352.862.147 pesos, generando una abismal diferencia de $3.541.895.477 pesos, lo que equivale al 90,9% del monto desembolsado. Al sumar las mermas de ambos proyectos viales, la diferencia neta entre los pagos efectuados y las obras validadas alcanzó los $3.479.071.114 pesos.

En el ámbito netamente técnico, las inspecciones en terreno confirmaron el deterioro prematuro de los pavimentos y el uso de materiales no autorizados. En las obras revisadas se comprobó un daño generalizado en las superficies tratadas con "Cape Seal", registrándose pérdida de la capa de rodadura, desprendimiento de áridos y formación de baches, sin que existieran antecedentes técnicos suficientes para justificar estas fallas tempranas. Asimismo, la Contraloría detectó que se autorizaron materiales constructivos y soluciones distintas a las estipuladas en los pliegos del proyecto, sin acreditarse la aprobación previa y formal de dichas modificaciones, incluyendo alteraciones estructurales en las cunetas de hormigón y la utilización de pintura acrílica en lugar del sistema de demarcación termoplástica exigido en la licitación.

Ante la enorme materialidad de los recursos públicos afectados, la Contraloría Regional anunció drásticas medidas disciplinarias para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en ambas instituciones. El organismo dictaminó que instruirá un procedimiento disciplinario para investigar las actuaciones y omisiones vinculadas "con la medición, certificación, revisión, aprobación y pago de cantidades no ejecutadas o insuficientemente respaldadas". Finalmente, la institución ordenó a la Dirección Regional de Vialidad efectuar una conciliación exhaustiva física y financiera para determinar todos los montos que corresponda descontar o restituir, ordenando además que se ejerzan las acciones de cobro y ejecución de garantías correspondientes para resguardar el patrimonio fiscal.