Kast respalda a ministro Rabat tras polémica por beneficios a pederastas: "Sacarlo solo tranquiliza por unos días"

El Presidente de la República, José Antonio Kast, rompió el silencio respecto a la profunda crisis generada por la concesión de rebajas de condenas a los 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad. Acompañado por el propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, e integrantes de su gabinete, el mandatario asumió la responsabilidad política del Gobierno tras calificar el hecho como "totalmente inaceptable" y admitir ante las víctimas que «el Estado les falló».

A pesar de los duros cuestionamientos parlamentarios y las crecientes peticiones de renuncia que pesan sobre el titular de Justicia, Kast descartó la salida de Rabat del Gabinete. Según argumentó el jefe de Estado, remover a la autoridad sectorial podría dar una imagen de tranquilidad por unos días, pero no resolvería el problema de fondo.

Todo sobre Rebajas de condenas

Por el contrario, el Mandatario remarcó que se ha optado por la vía más compleja: asumir las consecuencias, corregir la falla de origen y encomendarle expresamente al propio ministro Rabat que lidere la búsqueda de soluciones, el esclarecimiento de los hechos y la implementación de reformas para asegurar que una situación similar no vuelva a repetirse.

Dentro de los anuncios entregados para contener el impacto de la crisis, el Ejecutivo confirmó la suspensión inmediata de todas las tramitaciones de beneficios y rebajas de condena dirigidas a personas condenadas por delitos sexuales en perjuicio de la infancia.

Asimismo, Kast adelantó que se está llevando a cabo una revisión administrativa y legal caso a caso de los 56 decretos que ya fueron emitidos, con la finalidad de explorar vías que permitan revertir los beneficios y asegurar que los condenados cumplan sus penas de manera íntegra.

En el ámbito legislativo, el Gobierno se comprometió a patrocinar mociones parlamentarias e ingresar un proyecto de ley con tramitación de máxima urgencia. El objetivo central de esta iniciativa será cerrar de manera definitiva y sin espacio a interpretaciones cualquier vacío legal, prohibiendo expresamente que los responsables de agresiones o violaciones a menores puedan acceder a futuras reducciones de sus condenas.

El respaldo del mandatario marca un giro en la estrategia de La Moneda. Por su parte, la vocería de Gobierno, liderada por Gonzalo Arenas, matizó las declaraciones iniciales donde calificaba de "impecable" la tramitación de los decretos, reconociendo que, aunque se actuó en un marco estricto de apego técnico-jurídico, existió una evidente falla humana y de sensibilidad respecto al impacto emocional provocado en las víctimas y sus familias.

Sin embargo, la ratificación de Rabat no frena las tensiones que enfrenta el titular de Justicia en el ámbito institucional. Por un lado, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una acción judicial en la Fiscalía Nacional denunciando el presunto delito de prevaricación administrativa a Rabat y al subsecretario Luis Silva, bajo el argumento de que la normativa vigente ya establecía límites expresos que debieron haber impedido la firma de dichos beneficios.

Pese al riesgo de una acusación constitucional en el Congreso Nacional, desde el Ejecutivo aseguraron que defenderán la gestión del ministro, sosteniendo que no existen fundamentos jurídicos para acusarlo de un incumplimiento constitucional o legal.

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