Ministerio de Justicia suspende tramitación de decretos de rebaja de condenas y anuncia cambios legales tras polémica

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la suspensión temporal de la tramitación de los decretos de rebaja de condenas, una medida adoptada en medio de los cuestionamientos generados por los beneficios concedidos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, así como a condenados por violaciones a los derechos humanos.

La decisión fue informada por el ministro de la cartera, Fernando Rabat, tras un análisis detallado de la normativa vigente que permitió identificar un vacío legal en la aplicación de las restricciones para quienes fueron sentenciados antes del año 2022.

Todo sobre Rebajas de condenas

La controversia escaló luego de que se revelara que la actual administración había dictado decenas de decretos de rebaja de pena por delitos sexuales contra menores, incluyendo casos de abuso sexual y violación, además de reducciones de condena a exagentes de Estado condenados por crímenes de la dictadura, como secuestro calificado y tortura.

Si bien en un inicio la defensa del Ejecutivo apuntaba a que las rebajas respondían a una obligación respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema frente a condenas anteriores a la reforma de 2022, las críticas de parlamentarios, abogados y expertos abrieron un intenso debate sobre la inevitabilidad jurídica de dichos beneficios.

Para zanjar la situación y evitar que más condenados por delitos graves sigan accediendo a estas rebajas, el ministro Rabat indicó que el Ejecutivo impulsará una serie de proyectos de ley con carácter de discusión inmediata.

Entre las modificaciones anunciadas destaca un proyecto enfocado en reformar el procedimiento de reducción de condena por buena conducta. Esta iniciativa precisará los criterios de exclusión, establecerá reglas claras de temporalidad sobre los requisitos exigibles a los postulantes y garantizará de forma explícita el derecho de las víctimas a ser escuchadas.

Asimismo, el Gobierno dará un nuevo impulso al proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, el cual se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional en el Senado. Esta propuesta busca modificar el sistema actual para que sean jueces técnicos, y no comisiones especiales, quienes evalúen y resuelvan las solicitudes de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios.

"Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía", concluyó el ministro Rabat.

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