Más allá de los delitos sexuales: Ministro Rabat confirmó que rebajas de penas alcanza a condenados en Punta Peuco

Una profunda crisis política enfrenta al Gobierno y, en particular, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, luego de que se revelara la concesión masiva de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, a lo que se sumaron beneficios similares otorgados a internos del penal Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad.

La controversia, que comenzó tras conocerse que el Ejecutivo aplicó reducciones de pena a 56 condenados por abuso sexual y violación, escaló en las últimas horas luego de que se confirmaran tres decretos adicionales para delitos graves, incluyendo secuestro calificado y tortura, dos de ellos correspondientes a reos de Punta Peuco.

Todo sobre Rebajas de condenas

Ante los cuestionamientos, el ministro Fernando Rabat defendió firmemente la legalidad de las medidas, asegurando que su Cartera se ha limitado a cumplir estrictamente con la Constitución, la ley y los tratados internacionales, basándose en la jurisprudencia y en normas de ordenamiento jurídico vigente.

Asimismo, descartó en Meganoticias que el Presidente José Antonio Kast estuviera al tanto de las resoluciones, aclarando que se trata de decisiones administrativas propias de la cartera y que la frase "por orden del Presidente" responde a un tecnicismo legal de delegación de facultades.

El titular de Justicia estimó en dicha entrevista que la gran mayoría de los beneficiados por estas rebajas ya habría recuperado su libertad debido al efecto legal inmediato que produce calificar con conducta sobresaliente a los internos.

Las explicaciones del secretario de Estado no lograron calmar los ánimos en el Congreso, donde los partidos de oposición han comenzado a coordinar distintas acciones de fiscalización y control político:

• Evaluación de Acusación Constitucional: Parlamentarios de la oposición, incluidos sectores del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, confirmaron que se encuentran estudiando los antecedentes jurídicos para evaluar la presentación de una acusación constitucional contra el ministro Rabat, argumentando la extrema gravedad de beneficiar a agresores de menores.
• Sesiones Especiales e Interpelación: Desde el Partido Comunista y otras bancadas se han impulsado solicitudes de sesiones especiales y se analiza una eventual interpelación para esclarecer los fundamentos de los decretos.
• Exigencias de Renuncia: Desde el Frente Amplio y agrupaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han cuestionado duramente la medida por vulnerar las obligaciones internacionales del Estado de Chile y han exigido la salida del ministro de Justicia de sus funciones.

Mientras el debate jurídico y político continúa abierto, las próximas jornadas serán claves en el Parlamento para definir si la oposición unifica criterios y concreta las acciones constitucionales anunciadas en contra del jefe de la cartera de Justicia.

Seguir leyendo