ODECU advierte que reforma a la Ley de Fraudes podría debilitar la protección de los consumidores

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) manifestó su preocupación frente a las modificaciones a la Ley N° 20.009, incluidas en el proyecto de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, conocido como MK4, el cual fue ingresado al Congreso bajo el Boletín N° 18.643-05 y se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional. El principal reparo de la entidad radica en que la iniciativa propone reemplazar en distintas disposiciones el actual estándar de dolo o culpa grave del usuario por uno de culpa leve, incorporando además un nuevo artículo que presume dicha negligencia cuando una operación desconocida se realiza mediante un proceso de autenticación reforzada.

Frente a este escenario, el presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó, enfatizó que si bien perseguir el denominado autofraude es necesario, esto no debe perjudicar a millones de clientes que utilizan sistemas digitales cuyo diseño y funcionamiento no controlan. “Quien deliberadamente intenta aprovecharse del sistema debe responder. Pero la existencia de fraude no puede convertirse en una razón para disminuir la protección de las víctimas reales”, señaló Larenas. En la misma línea, el dirigente cuestionó la presunción asociada a los métodos de validación, explicando que “autenticar una operación no significa necesariamente consentirla. Una persona puede entregar una clave o confirmar una transacción después de haber sido engañada mediante phishing, vishing, suplantación o ingeniería social. El uso de un segundo factor no demuestra, por sí solo, que haya querido realizar esa operación”.

La agrupación advirtió que los ciberdelincuentes suelen operar con datos previamente obtenidos mediante filtraciones o brechas de ciberseguridad, lo que les permite elaborar engaños sumamente convincentes para los usuarios. Sobre este punto, el líder de la organización planteó que “si quien contacta a la víctima conoce antecedentes que razonablemente deberían estar protegidos, no basta con concluir que el cliente fue negligente porque entregó una clave. También corresponde preguntarse de dónde salió esa información y qué medidas adoptaron las instituciones para protegerla y prevenir fraudes”. Por ello, exigieron que las entidades financieras demuestren fehacientemente cómo operó la autenticación, si existieron alertas preventivas ante comportamientos inusuales y qué mecanismos de seguridad se activaron, ya que, en palabras de Larenas, “la seguridad digital es parte del servicio financiero. No puede descansar exclusivamente en cuánto cuidado tuvo una persona frente a técnicas de engaño cada vez más sofisticadas”.

Pese a las críticas, ODECU también reconoció aspectos positivos dentro del proyecto de ley, tales como la estandarización de la declaración jurada, la posibilidad de realizar las denuncias de forma electrónica y la expresa extensión de las obligaciones de seguridad a otros participantes de la cadena de pagos, tales como procesadores y marcas de tarjetas. Al respecto, Larenas concluyó que “la persona afectada necesita una vía clara y sencilla. No corresponde exigirle que descubra si la falla ocurrió en el banco, en un procesador, en una fintech o en otro participante. Esa discusión debe resolverse entre quienes forman parte profesionalmente del sistema”.