La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un fallo contundente, declarando al Estado de Chile responsable por la trágica muerte de 10 menores de edad en el incendio ocurrido en el centro “Tiempo de Crecer”, ubicado en Puerto Montt, el año 2007. La decisión abarca además 271 violaciones a derechos fundamentales en distintos centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), incluyendo vulneraciones a los derechos a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales.
El tribunal internacional determinó que el Estado chileno no implementó las medidas necesarias para prevenir el siniestro ni actuó con la celeridad requerida. En su resolución, la Corte sentenció que “Chile es responsable por la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de los fallecidos.”
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Adicionalmente, el fallo detalla que entre 2006 y 2009, los jóvenes recluidos en los centros cerrados Lihuén, Antuhué, San Bernardo y “Tiempo de Crecer” no contaban con condiciones básicas que cumplieran con los estándares internacionales de derechos humanos. La Corte concluyó que esta situación “constituyó violaciones a los derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la educación, al agua, al saneamiento, a la salud y de la niñez”.
Como parte de las reparaciones, la sentencia ordena al Estado chileno el pago de indemnizaciones por daños inmateriales a las 271 familias afectadas. La CIDH especificó los montos a cancelar, indicando que se otorgarán:
“a) USD$ 1.500,00 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) en favor de cada una de las víctimas que permanecieron recluidas en los centros “Tiempo de Crecer”, Lihuén, Antuhue y San Bernardo durante menos de tres meses; b) USD$ 2.500,00 (dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) en favor de cada una de las víctimas que fueron privadas de su libertad en los mismos centros durante más de tres meses y menos de un año, y c) USD$ 3.500,00 (tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) en favor de cada una de las víctimas que permanecieron recluidas en los mismos lugares durante más de un año”
La Corte también exige al Estado chileno ofrecer tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas que lo requieran, implementar mejoras sustanciales en las condiciones de los centros de privación de libertad de adolescentes y comunicar a la Corte la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación enfocada en casos de violencia institucional ocurridos desde la creación del Sename.
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