Un contundente golpe al crimen organizado se materializó con la detención de 56 individuos en un operativo a gran escala liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público. La red desarticulada se dedicaba a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos en diversas regiones del país, generando ganancias millonarias.
La operación, que abarcó al menos cinco regiones, incluyó 61 allanamientos a domicilios y propiedades ligadas a los investigados. Durante los registros, se incautaron vehículos, bienes inmuebles, dinero en efectivo y otros activos que se presume fueron adquiridos con fondos ilícitos.
Entre los detenidos se encuentran tres carabineros en servicio activo, un funcionario de Sernapesca y un trabajador municipal de Valdivia. Estas personas habrían jugado roles clave dentro de la organización, facilitando sus operaciones ilegales.
La investigación, iniciada este año, reveló la existencia de una estructura criminal compuesta por tres grupos organizados que operaban principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Desde allí, abastecían a mercados y centros de distribución en otras zonas del territorio nacional.
Los antecedentes de la indagatoria apuntan a que la organización adquiría recursos hidrobiológicos en la zona de Calbuco, en Los Lagos, sin la debida documentación que acreditara su origen legal ni su trazabilidad. Posteriormente, los productos eran transportados hacia Valdivia mediante estrategias diseñadas para evadir los controles y fiscalizaciones.
Los funcionarios públicos implicados habrían sido fundamentales para el éxito de la red, facilitando el tránsito de los cargamentos y alertando sobre la presencia de controles en las rutas utilizadas. Adicionalmente, se identificó la participación de cinco trabajadoras del peaje Troncal La Unión, quienes presuntamente proporcionaban información sobre las fiscalizaciones en la zona.
Una vez en la Región de Los Ríos, los recursos hidrobiológicos eran comercializados en importantes puntos de venta de Valdivia, como el Mercado Municipal y la Feria Fluvial. Parte de la mercancía ilícita también era distribuida en el Terminal Pesquero de la Región Metropolitana y en distintos puntos de venta en La Araucanía y Los Lagos.
Según los investigadores, la organización logró dominar este mercado ilícito, perjudicando directamente a comerciantes y pescadores que operan dentro del marco legal.
Un aspecto crucial de la investigación, liderada por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Valdivia, se centró en el análisis financiero. Se detectaron ingresos observados superiores a los $8.811 millones entre 2023 y 2024. Sin embargo, los involucrados declararon ante el Servicio de Impuestos Internos poco más de $550 millones para los años tributarios 2024 y 2025, lo que arroja una diferencia de $8.261 millones en ingresos no declarados.
Parte de estos fondos habrían sido destinados a la adquisición de un considerable patrimonio, que incluye 29 vehículos avaluados fiscalmente en más de $581 millones, cuatro inmuebles con un avalúo cercano a los $395 millones y un gimnasio en Valdivia valorizado comercialmente en unos $100 millones.
La causa judicial investiga diversos delitos, entre ellos asociación criminal, lavado de activos, falsificación de instrumento público, cohecho, delitos contra la salud pública e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Desde la PDI recalcaron que la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos representa una de las actividades ilícitas más lucrativas para las organizaciones criminales, dada su alta rentabilidad y su capacidad para infiltrarse en instituciones públicas y mercados legales.
Se espera un pronunciamiento oficial de la PDI y el Ministerio Público en Valdivia durante la tarde de hoy, donde se entregarán más detalles sobre el operativo y las formalizaciones que se llevarán a cabo en las próximas horas.
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