Parlamentarios del Maule exigen frenar el inminente cierre de la cárcel de Chanco

El anuncio administrativo sobre el inminente cierre del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la comuna de Chanco ha desatado una ola de críticas transversales por parte de los parlamentarios de la Región del Maule. La medida, que contempla el traslado de la totalidad de su población penal (actualmente 17 internos), fue notificada en los últimos días, encendiendo las alarmas a nivel local.

Ante este escenario, legisladores de la zona exigieron al Ministerio de Justicia y a Gendarmería de Chile reconsiderar la clausura y abrir de manera urgente una mesa de diálogo que incluya a las autoridades locales y a la comunidad.

La senadora Andrea Balladares (RN) fue categórica al cuestionar la forma en que se gestó esta determinación, acusando una total falta de transparencia por parte del nivel central. “Rechazamos esta decisión. No es aceptable que una medida de esta magnitud se adopte sin informar a las autoridades regionales, sin dialogar con los vecinos y sin entregar fundamentos claros”, sostuvo la parlamentaria.

En la misma línea, el diputado Daniel Bustos (Partido Republicano) hizo eco de las alertas levantadas por los propios trabajadores del recinto y los vecinos de la zona costera, apuntando al impacto socioeconómico que el cierre tendrá en la comuna. “La comunidad siente que, una vez más, se decide desde Santiago una materia que impacta al territorio, sin escuchar a quienes viven en él”, criticó el diputado, quien además relevó el importante valor patrimonial que el edificio tiene para la identidad local.

Ambos congresistas coincidieron en que la decisión del Ejecutivo resulta contradictoria, considerando la profunda crisis de sobrepoblación y hacinamiento que atraviesa actualmente el sistema penitenciario chileno.

En lugar de clausurar de forma definitiva el penal, los legisladores plantearon utilizar el recinto para descomprimir otras cárceles sobrepobladas de la región o el país. Además, reconvertir el penal en un centro especializado enfocado en la reinserción social, destinar sus instalaciones exclusivamente para albergar a adultos mayores o reos de bajo compromiso delictual (baja peligrosidad) y entregar certezas inmediatas respecto a los derechos y el futuro laboral de los funcionarios de Gendarmería que serán trasladados.

Finalmente, los representantes del Maule reiteraron el llamado al Gobierno para que "congele" el proceso de cierre y escuche las demandas del territorio antes de ejecutar una decisión irreversible.