La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una advertencia a 15 alcaldes a lo largo del país por no haber cumplido con la actualización de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP). Este trámite es un requisito legal fundamental para asegurar la transparencia y la probidad en el desempeño de funciones públicas.
La decisión de la CGR surge tras una fiscalización que evidenció el incumplimiento de esta obligación por parte de diversas autoridades municipales. Mediante oficios dirigidos a cada municipio afectado, se ha concedido un periodo de 10 días hábiles para subsanar la omisión.
Dentro de los jefes comunales apercibidos se encuentra Carlos Correa Miños, alcalde de Empedrado, quien es el único representante de la Región del Maule en la lista divulgada por el ente fiscalizador.
Desde la Contraloría se ha enfatizado que, de no regularizarse las declaraciones dentro del plazo estipulado, se procederá a iniciar los procedimientos sancionatorios correspondientes, amparados en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
La normativa vigente contempla la aplicación de multas que oscilan entre 5 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para quienes persistan en el incumplimiento. Adicionalmente, la ley establece que si tras cuatro meses de aplicada la sanción la autoridad no ha regularizado su situación, podría enfrentar la destitución del cargo.
Esta medida se enmarca dentro de las atribuciones de control y supervisión que ejerce la Contraloría General de la República, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y probidad por parte de las autoridades públicas en todo el territorio nacional.
Todo sobre Transparencia
Recibe todas las noticias a través de nuestro canal de WhatsApp
Suscríbete a nuestra página en Facebook
