"A esta ley le faltó sentido de realidad": Diputada Castillo exige frenar burocracia que afecta a los agricultores

Durante la discusión legislativa del proyecto que busca ampliar los plazos para regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas, la diputada Priscilla Castillo alzó la voz para cuestionar las excesivas trabas burocráticas que el actual sistema impone a las familias campesinas del país, exigiendo medidas que se ajusten a las verdaderas condiciones del mundo rural.

En su intervención en la Sala de la Cámara, la parlamentaria advirtió que la normativa exige procedimientos técnicos que implican un alto costo económico, resultando prácticamente inalcanzables para los pequeños y medianos productores agrícolas, quienes por lo general no cuentan con los recursos económicos para contratar abogados o especialistas que gestionen estas inscripciones ante los distintos organismos públicos.

“Con todo respeto, a esta ley le faltó sentido de realidad”, afirmó de manera categórica la legisladora, evidenciando la desconexión existente entre las exigencias legales y las capacidades de los trabajadores de la tierra.

Para graficar esta situación, Castillo expuso la realidad que se vive a diario en los campos chilenos. "Estamos hablando de personas que tienen media hectárea o una hectárea, de familias que conocen cada canal, cada surco y cada rincón de sus campos, pero que muchas veces no saben cómo enfrentar trámites que incluso para un profesional resultan complejos", argumentó.

Si bien la diputada valoró la aprobación de la prórroga que extenderá los plazos legales del proceso hasta el año 2030, fue enfática en señalar que otorgar más tiempo no resolverá el problema de fondo si las instituciones no asumen un rol facilitador. En este sentido, instó al Estado, a los municipios, a INDAP y a los Gobiernos Regionales a desplegar equipos de apoyo efectivo en los territorios.

"Hay agricultores que han enfrentado la sequía, las heladas y años difíciles. No podemos permitir que ahora sea la burocracia la que termine arrebatándoles la tranquilidad de seguir trabajando la tierra", subrayó la representante.

Finalmente, Castillo reiteró que proteger la seguridad jurídica del agua en los sectores rurales es fundamental para resguardar a las familias encargadas de la producción de alimentos a nivel nacional. "Las familias campesinas no necesitan más obstáculos. Necesitan que el Estado les tienda una mano y entienda la realidad que viven todos los días", concluyó.