Este martes se emitirá sentencia contra alcalde inhabilitado y exjefa de Unidad de Control Interno de Sagrada Familia

Este martes 19 de diciembre a las 15:00 horas, en el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó se realizará la lectura de sentencia en contra del alcalde inhabilitado de Sagrada Familia, Martín Arriagada y la exjefa de la Unidad de Control Interno del municipio, Isabel Vásquez, ambos culpables por fraude al fisco.

El fiscal jefe, Miguel Gajardo, solicitó para Arriagada, una pena de cinco años y un día de presidio menor en su grado máximo, en razón de la defraudación de más de $16 millones 456 mil. En tanto, para Vásquez, el Ministerio Público pidió tres años de presidio menor en su grado máximo.

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Además, ambos condenados deberán pagar una multa por el daño causado al Fisco, sumado a las costas del juicio.

En detalle, durante el juicio se concluyó que Arriagada y Vásquez, tenían conocimiento -junto a otros acusados que lograron salidas alternativas durante la investigación- de que se autorizaba la entrega de licencias de conducir a personas que tenían multas vigentes ante el Servicio de Registro Civil. Esto, sin efectuar el cobro que ordena la legislación en torno a intereses y multas.

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En la previa a la lectura de la sentencia, el alcalde inhabilitado dijo que “estoy tranquilo, mantengo mi convicción de que no hice nada malo, menos hacia el Estado de Chile y mi comuna de Sagrada familia. Lamento que esté pasando esto, pero creo que hay que tomarlo con hidalguía y mucha responsabilidad. Nosotros veremos la forma de cambiar este fallo”.

“Más pena que no podré seguir colaborando con mi comuna. He hecho muchas cosas por ellos para que fuera creciendo. No me voy a cortar las venas y hay que ir pensando qué podemos hacer más adelante, cómo podemos seguir trabajando por nuestras comunidades”, comentó Arriagada.

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Por su parte, el abogado defensor, Marco Rivera, anunció que “vamos a recurrir de nulidad, hay que ver si ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Primero, hay que tener a la vista el fallo”.

“Creo que este fue adverso para nosotros, pero también para el Ministerio Público. Ellos estaban acusando por un fraude que ascendía a $805 millones y, en definitiva, el tribunal determinó que fluctuaba en los $16 millones y medio, aproximadamente”, refirió el profesional.