El jefe comunal, George Bordachar, denunció que la institución informó cifras de viviendas desocupadas que no coinciden con la realidad del sector, lo que obligó a realizar un nuevo catastro.

Habitante del sector surponiente de Curicó denuncia amenazas con armas blancas, consumo de drogas, conexiones eléctricas irregulares y la pérdida total de sus espacios públicos. En contraparte, advierte con realizar barricadas si las autoridades no erradican el asentamiento de forma definitiva.

Tras una mesa de trabajo con diversos organismos públicos, George Bordachar confirmó que durante la primera semana de marzo se procederá a desarmar 21 casas desocupadas.

La autoridad comunal expresó su molestia tras confirmar que el registro de viviendas abandonadas, comprometido por el organismo de vivienda, no era real o estaba desactualizado. Pese a la descoordinación administrativa, el municipio ratificó que las demoliciones continuarán apenas los inmuebles sean desocupados.

La titular de Desarrollo Social reconoció que, aunque el Plan de Emergencia Habitacional es ambicioso, la meta de 260 mil viviendas no será suficiente para cubrir el déficit histórico que arrastra el país. Ante la realidad del campamento "Dragones Sur" en Curicó, la autoridad enfatizó el rol de los municipios para resguardar a los menores de edad que viven en la precariedad.

La directora regional, Paula Oliva, confirmó que el asentamiento irregular de Curicó forma parte del catastro del Ministerio de Vivienda. En ese sentido, precisó que actualmente los equipos técnicos trabajan en el levantamiento de información de las familias para encauzarlas hacia una postulación definitiva, proceso que aún está en desarrollo.

El alcalde George Bordachar confirmó que se intervendrán las viviendas que estén desocupadas o cuyos residentes hayan abandonado el país, en un esfuerzo por recuperar el terreno fiscal.

Jean Johnson, representante de la comunidad haitiana del campamento, valoró la apertura al diálogo con las autoridades. Explicó que la crisis habitacional y las barreras sociales han empujado a cerca de 500 personas a vivir en esta ocupación irregular.

Jean Johnson, vocero de la comunidad haitiana, expuso las dificultades de arriendo y discriminación que enfrentan, mientras que el alcalde George Bordachar confirmó que "no habrá desalojos inmediatos", sino un plan de retiro paulatino a partir de marzo, priorizando el diálogo y la solución habitacional para las cerca de 500 personas asentadas en el lugar.

La autoridad de Gobierno en la provincia, José Patricio Correa, afirmó que derivarán los antecedentes a la autoridad sanitaria. Sin embargo, fue enfático en señalar que terreno corresponde al municipio.