La investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles determinó la eventual responsabilidad de las compañías en el corte que, en febrero, dejó sin suministro a 19 millones de personas en casi todo el país.

Desde el servicio señalaron que el objetivo es que "se aplique las más altas multas por infracciones a la Ley del Consumidor y las obligue (a las empresas) a compensar adecuadamente por todos los daños materiales".