Toma en Dragones Sur continúa en el limbo: municipio y Gobierno sin plazos para una intervención definitiva

El futuro de las centenares de familias que integran el campamento Nuevo Puerto Príncipe, ubicado en el sector Dragones Sur de Curicó, continúa en un absoluto y tensionado suspenso. Años de trabajo en mesas técnicas, promesas de intervención estatal, cambios de autoridades y la complejidad social de un asentamiento que supera los mil habitantes han chocado contra una pared institucional donde ningún nivel del Estado ha logrado articular una solución definitiva.

Frente a este escenario y más allá del revés judicial que tuvo el caso cuando se cerró la investigación suscitada por una querella por usurpación de terrenos que había interpuesto el municipio, el alcalde George Bordachar reconoció las limitaciones de gestión local. La autoridad comunal indicó que, si bien el municipio tiene facultades administrativas para demoler las construcciones sin permisos, "yo no quiero ser el choro de la película, y decir ya mañana desalojamos". Bordachar argumentó que existe "un tema social, hay más de seiscientas familias, de distintos países viviendo ahí, así que esperemos que esto se resuelva, pero con la ayuda del Estado".

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Desde la perspectiva municipal, no existe la intención de actuar con medidas improvisadas o apresuradas, dado el profundo trasfondo social que involucra a las cerca de seiscientas familias de diversas nacionalidades y a vecinos que llevan años esperando una respuesta habitacional en las filas oficiales de la tramitación. El alcalde reconoce que los cambios de autoridades y posteriormente cambios en el Gobierno, han demorado la toma de decisión final. "El Estado ahí está fallando", lamentó el edil, asegurando que su administración buscará "la mejor solución para la comunidad" y los vecinos que solicitan el desalojo del recinto.

Consultado al respecto el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, si bien reconoce la toma Puerto Príncipe en Curicó, asegura que en términos generales no existen problemas graves como en otras regiones, afirmando que se está realizando un trabajo coordinado, pero sin entregar detalles de qué avances hay en esas coordinaciones. La autoridad regional manifestó que el campamento es un caso puntual, destacando que el desalojo se ejecutará "cuando se tenga todos los permisos y toda la información pertinente, si así lo amerita". Respecto a las exigencias de celeridad, Prieto argumentó que "sabemos que son procesos lentos" y que la situación se encuentra "en constante monitoreo".

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El problema se ha vuelto crítico tras emergencias e incidentes recientes como el incendio que consumió diversas viviendas y un puestos varios al interior del recinto. Ante esto, el alcalde Bordachar recalcó que "si no encontramos las soluciones de parte del Estado para qué hacemos con esas familias, va a ser muy difícil", y agregó que buscarán reactivar los proyectos de recuperación de la zona, afirmando que "por qué no hacer como el Parque de Talca, hacer algo, que nuestro río Guaiquillo también retomarlo, recuperarlo".

De esta manera, el campamento Nuevo Puerto Príncipe en Dragones Sur se mantiene como un expediente abierto donde la fragilidad social, la falta de recursos y la ausencia de una política habitacional multisectorial coherente impiden cualquier ejecución pronta, dejando tanto a los ocupantes como a la comunidad curicana en un escenario de permanente incertidumbre, desde la reubicación de las familias hasta la imposibilidad de desarrollar proyectos ecológicos y de recuperación del Guaiquillo como lamenta el alcalde. Mientras no se entregue una solución concreta, la toma seguirá siendo un tema complejo de abordar para las autoridades.