A 20 años de la tragedia del río Teno: La cadena de fallas, descoordinación y desamparo en el desastre

Pasada la medianoche, ingresó una llamada a la Tenencia de Carreteras de Curicó alertando sobre la supuesta presencia de personas en situación de indigencia atrapadas bajo el terraplén del puente sobre el río Teno. Sin mediar una verificación previa de la veracidad del aviso o de la viabilidad de la ruta bajo condiciones hidrológicas extremas, el cabo primero Marcial Gutiérrez Flores, de 27 años, y el cabo segundo Ricardo Hidalgo Iturrieta, de 26, se movilizaron en su vehículo radiopatrulla y descendieron por el terraplén hacia el lecho fluvial.

Según el reportaje de Francisco Ovalle en su blog (ver aquí), al llegar al lugar de la supuesta emergencia, los uniformados descubrieron una fogata abandonada pero no hallaron a ninguna persona, confirmando que la alerta inicial había sido un trágico error o una falsa alarma. No obstante, el peligro real acechaba río arriba, donde el aumento descontrolado del caudal provocó que colapsaran o se abrieran de manera repentina las compuertas de control de las represas.

Todo sobre Tragedia en Teno

Esta maniobra liberó de forma súbita un enorme e incontrolable torrente de agua y lodo que rodeó por completo la patrulla en cuestión de minutos, impidiendo cualquier intento de retorno por el terraplén debido a que el brazo del río había crecido catastróficamente por la zona donde habían ingresado.

El súbito aumento del caudal, descrito posteriormente por expertos y comunidades afectadas como un golpe de agua no habitual, dejó al descubierto una falta total de coordinación entre las centrales hidroeléctricas privadas, las organizaciones de regantes y los organismos públicos encargados de la gestión de emergencias. Las acusaciones públicas de las comunidades locales e investigadores apuntaron a que firmas generadoras abrieron las compuertas de las represas para aliviar la presión de las lluvias sin emitir avisos tempranos a las autoridades locales ni a los equipos de rescate apostados aguas abajo.

El sistema de riego del río Teno, conformado por una vasta red de canales y más de 37 bocatomas, junto con infraestructuras clave como el canal Teno-Chimbarongo y el embalse El Planchón, carecía de un protocolo integrado de alerta temprana para situaciones de colapso por temporal.

Esta desconexión en el flujo correcto de la información, impidió que la central de comunicaciones de Carabineros pudiera evaluar los riesgos reales del caudal antes de enviar a su patrulla. La ausencia de canales estandarizados de comunicación entre los organismos involucrados y de sistemas automatizados de alerta hidrológica en tiempo real convirtió un procedimiento rutinario de auxilio en una trampa mortal.

A nivel de políticas públicas, la catástrofe forzó un tardío reconocimiento sobre la falta de rigurosidad en las regulaciones de construcción de infraestructuras y viviendas cerca de cauces naturales regulados por represas, evidenciando un vacío legal en la fiscalización de las descargas hidráulicas de emergencia.

A partir de las 00.30 hrs. de la noche del 12 de julio, los dos uniformados debieron refugiarse sobre el techo del radiopatrullas ante el progresivo hundimiento del vehículo. Durante tres horas de extrema tensión y temperaturas gélidas, los equipos de rescate apostados en las riberas observaron con impotencia la agonía de sus compañeros, ya que la violencia del río impedía el ingreso de botes o de rescatistas terrestres.

A pesar de que la ayuda fue despachada de inmediato desde la capital, el auxilio terrestre se vio gravemente obstaculizado por factores externos. Una huelga de camiones que afectaba a la séptima, octava y novena región del país desde el día diez de julio bloqueó el libre tránsito y retrasó la llegada de los suministros y equipos de emergencia enviados desde Santiago, exponiendo la vulnerabilidad de la infraestructura conectiva del país ante paralizaciones gremiales en momentos de catástrofe.

Esta paralización terrestre dejó el peso de la salvación en una respuesta aérea que nunca llegó debido a un severo vacío tecnológico en la flota de aeronaves estatales aptas para operaciones meteorológicas complejas.

La tragedia del río Teno desnudó las limitaciones logísticas y la centralización de los recursos aéreos de rescate en el Chile de 2006. La Fuerza Aérea de Chile operaba el Servicio Aéreo de Rescate con una flota de mediano y gran tamaño sumamente acotada, donde el único helicóptero pesado de alta capacidad era un ejemplar único de Sikorsky S-70A Black Hawk, matrícula H-02 y número de construcción 70-2462, adquirido en 1998 y famoso por su histórico vuelo al Polo Sur en 1999 bajo la comandancia del general Fernando Rojas Vender y su tripulación integrada por Hugo Rodríguez, Claudio Avendaño, Jaime Reyes y Erick Fernandez.

Al no existir una flota de respaldo, cualquier mantención o despliegue de este único aparato en otra región dejaba al país sin cobertura pesada de rescate, obligando a depender de los veteranos helicópteros monomotor Bell UH-1H Iroquois del Grupo de Aviación Número 9, los que presentaban serias limitaciones de potencia para operar en condiciones de mal tiempo y alta montaña. Aunque se disponía de escasas unidades de Bell 212 y Bell 412, la adquisición formal para estandarizar la flota con este último modelo recién se tramitó entre fines de 2006 y principios de 2007.

Por su parte la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile enfrentaba un panorama operativo igualmente crítico, disponiendo de apenas diez helicópteros para la cobertura de todo el territorio nacional, basados principalmente en los ligeros modelos MBB Bo 105 y Eurocopter AS350 Ecureuil, inadecuados para penetrar tormentas severas o realizar rescates nocturnos complejos.

En tanto el Ejército de Chile aportaba transporte mediano con helicópteros Aerospatiale SA330 Puma que arrastraban un considerable desgaste logístico, mientras que sus misiones de alta montaña dependían de aeronaves ligeras como el SA315B Lama y el AS355 Ecureuil. Finalmente, la Armada de Chile concentraba sus recursos aéreos, compuestos por los Eurocopter AS365 Dauphin y Bell 206 JetRanger, en la zona costera para tareas de salvamento marítimo, lo que impedía un despliegue rápido e integrado en las cuencas fluviales del interior de la precordillera.

Esta alarmante brecha logística, donde escaseaban las aeronaves medianas o pesadas con capacidad de vuelo nocturno o por instrumentos para situaciones extremas, forzó a los carabineros a tomar la trágica determinación de abrazarse, despedirse y lanzarse juntos al caudal con la esperanza de que sus chalecos salvavidas los guiaran a la orilla.

Antes de dar el salto, en un emotivo diálogo, el cabo Hidalgo le pidió a su compañero que si no sobrevivía, le dijera a su esposa e hijo que los amaba, recibiendo una respuesta de aliento de Gutiérrez antes de ser devorados por la corriente.

El salto al cauce dio paso a una odisea que terminó dividiendo el destino de ambos funcionarios. El cabo Ricardo Hidalgo nadó y batalló contra el torrente durante casi doce horas hasta ser avistado por lugareños, aferrado al tronco de un árbol en un islote del sector rural de Tutuquén, a más de quince kilómetros de distancia del puente. Hidalgo, quien en ese momento era padre de un bebé de ocho meses y estaba casado con una carabinera, presentaba un cuadro de hipotermia severa y debió ser rescatado finalmente por un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial cuando las condiciones climáticas mejoraron temporalmente al mediodía del doce de julio.

La suerte del cabo Marcial Gutiérrez fue distinta, iniciándose una intensa y desorganizada búsqueda de once días en las riberas de los ríos Teno y Mataquito.
Las labores de búsqueda, que involucraron al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), bomberos, militares, voluntarios, avionetas particulares y hasta pseudos videntes civiles, revelaron la falta de protocolos de seguridad unificados para operaciones de rastreo fluvial de alta complejidad. Solo un ejemplo fue la tardía localización del vehículo radiopatrulla, que fue hallado sumergido cinco kilómetros al sur de Teno, en el sector de Sarmiento.

Esta falta de rigor táctico y de coordinación interinstitucional cobró una nueva vida el 17 de julio, cuando el cabo segundo Antonio Llancafil Ferreira, de la Primera Comisaría de Curicó, cayó al cauce del río Mataquito en el sector de Tricao mientras intentaba internarse en el agua para buscar a su compañero desaparecido. Llancafil, quien estaba por cumplir treinta años de edad ese mismo mes, permaneció sumergido varios minutos tras ser arrastrado por la fuerte corriente. A pesar de ser evacuado de urgencia en un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial al Hospital Base de Curicó, las maniobras de reanimación resultaron completamente infructuosas.

El deceso de un segundo funcionario durante las faenas de auxilio consternó al país y desnudó que las brigadas de búsqueda no contaban con los sistemas de anclaje, cuerdas de seguridad o el entrenamiento especializado necesarios para actuar de forma segura en ríos desbordados de respuesta rápida.

La búsqueda del primer mártir concluyó finalmente el 23 de julio, cuando pescadores y rescatistas hallaron el cuerpo sin vida del cabo Gutiérrez en el lecho del río Mataquito, en la comuna de Curepto, habiendo sido arrastrado casi 90 kilómetros por la violencia del torrente desatado tras la apertura de las compuertas.

Las fallas del sistema de emergencias y la posterior descoordinación institucional trascendieron las labores operativas de aquella fatídica noche en el Maule y se extendieron al ámbito de la reparación de los sobrevivientes.

Tras la tragedia, el cabo sobreviviente Ricardo Hidalgo recibió en Santiago la Medalla al Valor de manos de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, fue felicitado por el entonces General Director José Bernales, ascendido al grado de cabo segundo y trasladado a Isla de Pascua con una bonificación salarial temporal de un ciento cuarenta por ciento por un lapso de cinco años.

Sin embargo, al llegar a la isla, Hidalgo se enfrentó a un clima laboral sumamente hostil y fue obligado a realizar tareas denigrantes, como la limpieza y reparación de los sanitarios de la unidad policial, lo que atribuyó a un resentimiento interno derivado de su traslado prioritario con solo tres años de servicio en la institución. La desprotección administrativa se agudizó cuando, tras sufrir una fractura ósea en el pie durante una actividad de servicio en la isla, la institución se negó a reembolsarle sus gastos médicos y pasajes, ordenándole retornar a sus funciones regulares portando muletas tras un periodo de licencia médica de un año y cinco meses.

El proceso culminó en junio de 2009, cuando el cabo Hidalgo fue dado de baja definitiva de las filas de Carabineros tras ser diagnosticado con neurosis postraumática a causa de las secuelas de la noche del río Teno. El sobreviviente de una de las peores tragedias de rescate de la década quedó en situación de retiro con una precaria pensión mensual de ciento ochenta mil pesos de la época, denunciando públicamente un profundo abandono psicológico, financiero y administrativo por parte del Estado y de la propia institución policial a la que había jurado defender.

Las profundas vulnerabilidades expuestas por el desastre del río Teno, donde las fallas estructurales de comunicación, la total ausencia de coordinación hidráulica y una crítica escasez de aeronaves especializadas costaron la vida de personal policial en cumplimiento del deber, impulsaron una reestructuración profunda de los paradigmas de protección civil y gestión de emergencias en Chile.

A dos décadas de aquel trágico episodio, el país y particularmente la Región del Maule han transitado desde un modelo reactivo y fuertemente centralizado hacia un sistema de prevención e interconexión tecnológica diseñado para erradicar las descoordinaciones en cadena que entramparon a los rescatistas. Esta transformación integral abarca desde la modernización legislativa de los organismos rectores hasta el despliegue de recursos aéreos, terrestres y digitales de última generación distribuidos de manera estratégica en el territorio nacional.

El cambio más sustancial en la arquitectura institucional se materializó con la disolución de la antigua Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y la creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Este organismo opera bajo un marco legal vinculante que obliga a una coordinación estricta entre las instituciones públicas, los gobiernos regionales y las empresas privadas encargadas de la infraestructura crítica.

A diferencia del vacío operativo de 2006, cuando las centrales hidroeléctricas abrieron sus compuertas sin dar aviso a las autoridades aguas abajo, la normativa actual del Sistema Eléctrico Nacional estipula protocolos obligatorios de comunicación inmediata ante cualquier variación de caudales. Estos datos son cruzados automáticamente con la red de estaciones de monitoreo en tiempo real de la Dirección General de Aguas, lo que impide que un incremento fluvial masivo sorprenda a las patrullas terrestres y permite anticipar con certeza científica el comportamiento de las cuencas reguladas.

En el ámbito de la conectividad y las alertas públicas, el aislamiento táctico que sufrieron los uniformados en el lecho del río ha sido neutralizado mediante la implementación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para dispositivos móviles. Este mecanismo permite a las autoridades enviar alertas sonoras y de texto georreferenciadas de forma masiva para ordenar evacuaciones oportunas en zonas de riesgo inminente por desbordes o aluviones.

Asimismo, para subsanar el colapso de las redes de comunicación comerciales durante los temporales severos, SENAPRED incorporó recientemente flotas de carros móviles de conectividad digital.

Estos vehículos especiales, provistos de antenas elevables y autonomía energética, se despliegan directamente en los sectores afectados para restablecer servicios de voz, datos y mensajería en un radio de cobertura crítico, garantizando el enlace ininterrumpido entre los equipos de rescate de Carabineros, Bomberos y el mando central.

La severa brecha de capacidades aéreas que impidió el auxilio nocturno durante la catástrofe del río Teno, época en la que el país contaba con un único helicóptero de gran tamaño y aeronaves monomotor limitadas para el mal tiempo, fue subsanada mediante una renovación estratégica de las flotas institucionales.

La Fuerza Aérea de Chile estandarizó su Servicio Aéreo de Rescate con helicópteros bimotores Bell 412 y una flotilla de Sikorsky MH-60M Black Hawk. Estas unidades cuentan con radares meteorológicos modernos, sistemas avanzados de deshielo y capacidad de vuelo por instrumentos, lo que faculta a las tripulaciones para ejecutar maniobras de salvamento complejas a altas horas de la noche y bajo frentes climáticos adversos.

Por su parte, el Ejército renovó sus capacidades de transporte pesado orientadas a catástrofes con la incorporación de helicópteros Eurocopter Cougar, erradicando la dependencia absoluta de las ventanas de luz diurna para el rescate de personas aisladas en zonas de difícil acceso.

A nivel local, la Región del Maule ha superado la histórica centralización que la obligaba a esperar el despacho de aeronaves provenientes de la Región Metropolitana en medio de las crisis climáticas. La Sección Aérea de la Zona de Carabineros del Maule, con base operativa en el aeródromo de Panguilemo en la comuna de Talca, consolidó un hito estratégico mediante la recepción de un moderno helicóptero bimotor Airbus H135.

Esta adquisición, financiada de manera íntegra por el Gobierno Regional del Maule, dota a la zona de una plataforma autónoma y permanente para traslados aeromédicos de urgencia, misiones de rastreo en la precordillera y operaciones de evacuación mediante grúas de rescate de alta precisión. El despliegue inmediato de este recurso local, sumado a la especialización técnica de los equipos de rescate terrestre provistos hoy de sistemas de anclaje normados y entrenamiento en corrientes rápidas, cierra la brecha de desamparo operativo y asegura una respuesta coordinada, tecnológica y descentralizada frente a los rigores de la geografía fluvial chilena

Pero el caso del río Teno cerró de esta manera un ciclo donde las fallas de coordinación técnica en las compuertas de los ríos, la centralización de los recursos aéreos aptos para tormentas y la falta de protocolos de seguridad en la búsqueda se tradujeron no solo en la pérdida de vidas humanas en acto de servicio, sino también en el olvido sistemático del personal que logró sobrevivir a la corriente.

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