La sala del Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley que garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura, conocida como “Ley Diego”, iniciativa que introduce un cambio estructural para fortalecer esta actividad. Ahora el proyecto volverá a la Comisión de Economía para la revisión de indicaciones y su perfeccionamiento y así continuar su tramitación legislativa. De ser aprobada nuevamente, pasará por última vez a la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La iniciativa recoge una sentida demanda ciudadana tras la trágica muerte de Diego Albornoz Coronado, joven de Talca, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Católica del Maule, quien falleció en 2024 durante una actividad de turismo aventura en el Cajón del Maipo. Su caso evidenció con fuerza la urgencia de avanzar hacia un modelo preventivo que proteja la vida de las personas.
Todo sobre Ley Diego
En esa línea, el proyecto impulsado desde el Maule por el diputado Jorge Guzmán, permite avanzar hacia un sistema en que los estándares de seguridad deberán acreditarse previamente, a través de organismos autorizados, antes de iniciar operaciones. De esta manera, se fortalece la fiscalización, se mejora la calidad de los servicios y se entrega mayor confianza a turistas nacionales e internacionales.
Tras la aprobación en el Senado, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, señaló que, “Chile ha construido un liderazgo reconocido a nivel mundial en turismo aventura, gracias a su extraordinaria diversidad natural. Y ese liderazgo no solo es un orgullo, también es una responsabilidad país. Por eso, como Gobierno, estamos impulsando este proyecto que pone la seguridad en el centro, estableciendo estándares claros y exigentes que deberán ser acreditados previamente por organismos autorizados antes de operar. Con esto, protegemos a las personas, fortalecemos la confianza en la industria y consolidamos un turismo de calidad, sostenible y a la altura de los desafíos que Chile enfrenta”.
El diputado Jorge Guzmán, autor del proyecto, destacó que, “agradecer la perseverancia que ha tenido Paola Coronado, madre de Diego Albornoz, y su familia, que han luchado y que han convertido el dolor en una razón. Ellos perdieron a Diego, de 23 años, haciendo bungee en el cajón del Maipo, por un prestador de servicios de Turismo Aventura inescrupuloso e irresponsable, que ponía en riesgo la vida de las personas. Pero ese hecho lamentable se transformó en una lucha que hoy día estamos convirtiendo en realidad. De forma transversal y unánime, el Senado ha aprobado en general el proyecto de ley que busca entregar seguridad en el Turismo Aventura”.
Por su parte, la mamá de Diego, Paola Coronado, señaló que, “como madre de Diego Sebastián, que fue el impulsor de este proyecto, me siento muy orgullosa de ser por siempre su madre y de que él haya dejado un legado. Como un buen trabajador social que él era, dejó el legado de entregar vida y de aportar en cambios para esta sociedad. Necesitamos un Turismo Aventura con profesionalismo y con seguridad, para que así tengamos altos estándares a nivel mundial”.
La senadora Andrea Balladares, agregó que, “hemos dado un paso muy importante para que la historia de Diego tenga justicia. Hemos aprobado este proyecto en general, que busca mejorar los estándares de calidad en el deporte aventura. Hoy queremos desde el Maule y desde este proyecto, que nace con dolor, que Chile tenga los estándares más altos de seguridad para que cada una de las personas, chilenos y extranjeros que practican deporte aventura en nuestro país, puedan hacerlo con tranquilidad y no arriesgando su vida”.
La ley incorpora medidas para asegurar una implementación equilibrada, considerando la realidad del sector. Se establece un enfoque de gradualidad, diferenciación según tipo de actividad y resguardos específicos para micro y pequeñas empresas, promoviendo una competencia más justa y protegiendo a quienes cumplen con la normativa.
Entre sus principales avances, el proyecto contempla la creación del Sello “R”, que permitirá identificar a los prestadores formales que cumplen con los estándares de seguridad, facilitando decisiones informadas por parte de los usuarios. La iniciativa contó con un amplio respaldo transversal, reflejando la importancia de avanzar en regulaciones que protejan tanto a las personas como a la industria.