Pérdidas de las AFP por derivados superan los US$ 10.000 millones y llegan a la Cámara

Las pérdidas de valorización que los fondos de pensiones acumularon este año por operaciones con derivados de tasas de interés superaron los US$ 10.000 millones al 30 de septiembre, una cifra bastante mayor a la que se conocía hasta ahora.

Lo confirmó este lunes el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortés, ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el primer encuentro cara a cara entre los parlamentarios y la industria desde que estalló el problema.

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La sesión especial se concentró en la caída de 10,4% que registró el Fondo E entre enero y septiembre. Además de Cortés, asistieron el presidente ejecutivo de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, y el gerente general de PlanVital, José Joaquín Prat.

Cortés explicó que la Superintendencia había reportado inicialmente un impacto de US$ 7.718 millones, correspondiente a los swaps contratados con bancos extranjeros. Al sumar los contratos con la banca local, la pérdida de valorización del conjunto de los cinco multifondos pasa de los US$ 10.000 millones. Precisó, sin embargo, que la baja de las tasas internacionales durante octubre redujo esa cifra a cerca de US$ 7.000 millones al 20 de ese mes.

El superintendente reconoció que lo que viene es incierto. “La verdad es que no sabemos cómo esto sigue, porque las tasas de interés podrían seguir disminuyendo, lo cual disminuiría la pérdida, como podrían volver a aumentar”, dijo.

Ante las preguntas por el rol de la Superintendencia, Cortés repasó una cronología de advertencias que, según dijo, comenzó en 2024 bajo la administración anterior del organismo, a cargo entonces de Osvaldo Macías. Entre octubre y noviembre de ese año se citó a los gerentes generales y de inversiones de las AFP por el aumento de sus posiciones en derivados, y entre noviembre y diciembre el regulador advirtió, en el reporte estandarizado de riesgos que reciben todas las administradoras, sobre el alza sustancial de los swaps de tasas de interés y su posible impacto en los afiliados.

En enero de 2025, mediante el oficio 821, la Superintendencia instruyó a las AFP fortalecer sus políticas de gestión de riesgo en derivados, incluido el riesgo de apalancamiento. En julio de ese año se incorporó a la normativa un capítulo sobre los deberes fiduciarios de las administradoras, y en diciembre se planteó el tema ante los directores, con el mensaje de que las operaciones seguían aumentando y el riesgo de liquidez con ellas.

La nueva regulación se firmó en febrero de 2026, tras una consulta pública, y se emitió en abril. Fijó un límite de exposición a derivados de 2% para el Fondo E, una razón de cobertura de liquidez de 100% para responder a eventuales llamados de garantía y exigencias para mitigar el riesgo de contraparte. Cortés aclaró que le tocó firmar el nuevo régimen, pero que se trataba de “un trabajo que venía haciendo la Superintendencia desde antes”.

En tanto, León Fernández de Castro, presidente ejecutivo de la Asociación de AFP, presentó una exposición técnica, sin autocrítica sobre el desempeño de las administradoras y sin referirse a eventuales errores o compensaciones. Su punto central fue que la caída de 10,4% del Fondo E no se traduce en una baja equivalente de las pensiones: según las estimaciones del gremio, el efecto en las jubilaciones va de 0,8% a 1,8%, según se trate de mujeres u hombres.

Como ejemplo, dijo que un hombre de 65 años que en enero podía esperar 100.000 pesos de pensión mediante retiro programado recibiría 98.200 pesos en octubre. En el caso de una mujer de 60 años, el monto bajaría de 100.000 a 99.200 pesos. El representante de las AFP aclaró que la comparación “no pretende minimizar el efecto” y que la daba solo a modo de ejemplo.

También subrayó que el fondo ya muestra señales de recuperación, con un alza de 2,1% solo en las primeras semanas de octubre, y recordó a los parlamentarios que, así como hubo pérdidas ayer, mañana puede ocurrir lo contrario.

Entre los diputados hubo preocupación transversal, aunque con tonos muy distintos. El comunista Luis Cuello pidió que la comisión acuerde exigir a las AFP que restituyan los fondos perdidos y que el Gobierno dé urgencia a los proyectos que obligarían a hacerlo en el plazo de un año.

La diputada UDI, Constanza Hube, cuestionó la idea: “Entiendo que el diputado Cuello está acostumbrado a hacer show mediático, pero yo creo que tenemos que ser rigurosos respecto de nuestras facultades”. El presidente de la comisión, el republicano José Carlos Meza, descartó impulsar “acuerdos de tipo político”.

El socialista Nelson Venegas dijo querer que quienes arriesgaron los dineros de los trabajadores “se vayan presos”. Ximena Ossandón (RN) preguntó si es posible una reparación económica para los afectados y cuestionó por qué el regulador tardó cinco meses en emitir el nuevo régimen de inversión desde la advertencia del Banco Central, y por qué dio a las AFP 200 días para reducir su exposición al riesgo.

Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, pidió transparentar los bonos de los ejecutivos asociados a estas operaciones, preguntó si “ganaron plata por haber perjudicado a los jubilados” y planteó que el desempeño se evalúe considerando también las comisiones cobradas, además de adelantar la entrada en vigor de normas que permitan sanciones más severas.

El republicano Stefan Schubert, por su parte, quiso saber si las pérdidas pudieron evitarse y si faltaron herramientas al regulador o las AFP ignoraron sus alertas.

El momento más áspero llegó con el socialista Daniel Manouchehri, quien acusó a la industria de cobrar comisiones mientras los fondos perdían y de “apostar los ahorros de los trabajadores como en un casino”. Dijo esperar que la investigación llegue hasta el fondo y que los responsables paguen “con su patrimonio y con cárcel si es necesario”. Interrumpido por Meza, le respondió: “Cuando a usted le tocan las AFP, a sus amos, explota”.

La sesión terminó sin que las administradoras se pronunciaran sobre una eventual compensación a los afiliados, la pregunta que más se repitió en la sala y que, con las pérdidas aún en torno a los US$ 7.000 millones, seguirá marcando el debate en el Congreso.

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