Crisis en el oficialismo por rebaja de condenas a agresores sexuales

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se encuentra en el centro de una de las polémicas más complejas para el actual Gobierno. La situación se deriva de la rebaja de condenas a violadores y abusadores sexuales de menores, algunos de los cuales ya se encuentran en libertad. Mientras se aguarda la información detallada sobre los beneficios otorgados y cuáles pudieron ser suspendidos, desde La Moneda han manifestado su respaldo al secretario de Estado.

“El ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República, la confianza que le da que un ministro ha cumplido con la ley”, fue la declaración emitida desde el Ejecutivo.

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En el oficialismo, la postura predominante es que los tribunales han incurrido en una interpretación errónea de la legislación que rige estos beneficios. El exministro de Justicia Hernán Larraín, quien promovió la normativa en su momento, ha sostenido que estos condenados debían haber sido excluidos de las reducciones de pena.

“La interpretación de la corte es absolutamente garantista y equivocada frente a lo que es este beneficio”, señaló el exministro de Justicia José Antonio Gómez, quien además defendió que las discrepancias sobre la aplicación de la ley deben ser dirimidas en los tribunales.

Declaraciones cruzadas fracturan al oficialismo

La controversia se intensificó tras la respuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, a las observaciones de Larraín, haciendo una alusión a Paul Schäfer, líder de Colonia Dignidad. “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees, Hernán?”, manifestó.

Esta afirmación provocó el descontento en sectores del oficialismo. “Esas declaraciones nos parecen injuriosas y, por lo mismo, nos parecen inaceptables. Lo que hacen es dañar la confianza y lesionar severamente al Gobierno”, expresaron desde la UDI.

Squella, por su parte, defendió su intervención, argumentando que respondía a lo que considera un intento de atribuirle injustamente la responsabilidad a Rabat. “Me veo en la obligación de denunciar a quienes abonan al engaño de la izquierda, que intenta hacer ver a una buena persona como promotora de beneficios a los peores criminales que pueden haber”, afirmó.

Si bien desde la UDI se confirmó que Squella ofreció disculpas al partido y al exministro Larraín, la polémica continúa generando tensiones dentro del oficialismo. Paralelamente, la posibilidad de una acusación constitucional contra Rabat mantiene la presión sobre el Gobierno, mientras que el Presidente José Antonio Kast aún no ha emitido una declaración pública sobre la crisis.

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