Las declaraciones del presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, han encendido el debate sobre la viabilidad de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo en materia de seguridad. En una conversación con La Tercera, Ramírez afirmó que "en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad".
El timonel gremialista fundamentó su postura señalando que "estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución". Recordó que esta práctica ya se aplicó en el pasado, debilitando la Constitución de 1925 y facilitando procesos como la reforma agraria.
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El borrador de la reforma constitucional, parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla medidas como la suspensión de prestaciones de salud para condenados por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado. Ante esto, las palabras de Ramírez generaron diversas reacciones.
La diputada gremialista Constanza Hube, si bien condenó la filtración del borrador, enfatizó que "en ningún caso la agenda de seguridad se tiene que anclar en esa reforma constitucional. No buscan refundar nada (...) está todavía trabajándose por parte del gobierno y vamos a apoyar aquellas reformas constitucionales que sean acotadas, quirúrgicas". Hube también criticó a la oposición, indicando que "una reforma constitucional no es un proceso constituyente".
Por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, llamó a la cautela, manifestando: "No generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad". Añadió que "con diálogo, con conversaciones, con acuerdos, las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar, modificar".
El diputado Mauro Gonzáles (RN) también se sumó a las voces oficialistas que piden cautela interna, señalando que "por ningún motivo, abrir un flanco que dañe una agenda que es tan importante para el país".
Desde la oposición, el diputado Stephan Schubert (Republicanos) respaldó al gobierno, afirmando que "El Ejecutivo no pretende vulnerar normas, el Ejecutivo lo que pretende es entregar las herramientas que están siendo indispensables para intentar que el crimen organizado y el terrorismo y el narcotráfico que azotan nuestro país puedan retroceder". Schubert instó a "revisar de manera cabal, en profundidad y con transparencia en el Congreso, todos los proyectos de ley en materia de seguridad que ha presentado el Ejecutivo".
El senador Matías Walker, en tanto, coincidió con las preocupaciones de Ramírez, señalando que "ahora lo dijo el Presidente de la UDI. Efectivamente establecer excepciones a derechos constitucionales como la prohibición de discriminaciones arbitrarias y la protección de la esencia de los derechos, en la propia constitución, genera un precedente nefasto".
El senador socialista, Juan Luis Castro, calificó la reforma como una "mala idea" y criticó que "La agenda de seguridad del gobierno partió con tropiezos (...) Esto está mal hecho. El instrumental no es el que sirve para el combate y por lo tanto aquí nuevamente se pone a prueba la credibilidad del gobierno de tratar de atarantarse en una reforma (...) Claramente el gobierno tiene que corregir y rectificar el rumbo".
Finalmente, el senador Iván Flores (DC) calificó el borrador como "una locura" y advirtió que se está "constituyéndose en un tercer nuevo proceso constituyente y esta vez completamente pasado la raya". Flores sugirió que el gobierno "debería retirarla y seguir por la vía institucional intentando hacer lo que tengan que hacer, pero con buen debate, pero no estas reformas constitucionales que son de verdad alarmantes".
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