Presidente Kast presenta reforma constitucional en seguridad y busca acuerdos en el Senado

Este lunes, a las 8:45 horas, el Presidente José Antonio Kast formalizará la presentación de un proyecto de reforma constitucional enfocado en la seguridad, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. La iniciativa, que ingresará con urgencia suma al Senado, es la materialización de un anuncio realizado previamente por el Mandatario.

La propuesta busca establecer explícitamente el deber del Estado de proteger la seguridad de las personas, lo que implica una nueva incursión en el debate constitucional, especialmente tras los resultados de los dos procesos anteriores para una nueva Carta Fundamental. A pesar de que en ciertos sectores de la derecha se había instalado la idea de posponer futuras discusiones constitucionales, el gobierno republicano impulsa ahora esta modificación.

El argumento central del Ejecutivo es que no se trata de una reforma refundacional, sino de adecuaciones específicas para dotar de herramientas más eficaces contra el crimen organizado y el terrorismo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, describió la iniciativa como "una reforma constitucional en tres ejes, bien acotada, para dar algunas funciones y atribuciones nuevas en términos de seguridad. Son herramientas nuevas".

La reforma contempla tres puntos clave: la incorporación de la seguridad pública como obligación estatal en el artículo 1 de la Constitución; la definición de un listado de organizaciones criminales y terroristas, asociado a un nuevo delito de pertenencia a ellas; y la creación de un nuevo estado de excepción constitucional ante graves alteraciones de la seguridad pública.

Respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos en el Congreso, el ministro Arrau expresó optimismo, señalando que la agenda de seguridad "tiende a unir" y que ya se han sostenido conversaciones con parlamentarios oficialistas y opositores, anticipando un respaldo "más o menos amplio" a la mayoría de las propuestas. En un tono más coloquial, añadió que "el ministro Quiroz yo creo que tendría envidia si hubiera tenido esas cifras de su megarreforma. Cuando uno recorre los barrios y poblaciones pide esto (seguridad) y 10 más".

Sin embargo, las primeras reacciones opositoras han manifestado reparos, particularmente respecto a la necesidad de modificar la Constitución para abordar objetivos que, según algunos, podrían alcanzarse por otras vías. La exministra del Interior, Carolina Tohá, si bien proyecta respaldo a gran parte de la agenda, advirtió que la reforma constitucional será un punto de debate. Su principal crítica apunta al énfasis en la tramitación legislativa, sugiriendo que la energía debería centrarse en la implementación de medidas ya aprobadas y en el aumento de la dotación policial. "Está ausente algo que debería ser prioridad absoluta", afirmó, refiriéndose a la necesidad de ampliar el personal policial, además de materias como inteligencia económica, infraestructura crítica y prevención.

El presidente de Renovación Nacional, Arturo Squella, respondió a Tohá, indicando que "No sorprenden los comentarios de la exministra. Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, en donde la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general, en donde eran más importantes los derechos de las personas que están privadas de libertad más que los de las víctimas". Squella aseguró que la agenda legislativa "perfectamente se puede hacer en paralelo con el trabajo operativo que está liderando el ministro Arrau".

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expresó que "Yo echo de menos un combate efectivo contra el crimen organizado, no a nivel constitucional, porque esto de poner una frase no va a cambiar la realidad". El presidente del PPD, Raúl Soto, manifestó una "predisposición positiva" y que "hay espacio para acuerdos en materia de seguridad", pero enfatizó la necesidad de "estar atentos al detalle de cada proyecto y analizarlo en su mérito". Soto añadió: "Espero que el gobierno aborde este debate como una política de Estado y que no lo aproveche para intentar dar su batalla cultural e ideológica, intentando pasar temas que creo deben tratarse por separado. Acá el foco debe estar en el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia, y para eso toda la disposición".

El senador independiente PPD, Pedro Araya, planteó la necesidad de que el Presidente Kast precise las cifras en que basó sus anuncios, ya que, según él, "claramente esas cifras no coinciden con la estadística oficial. Y si uno quiere construir políticas públicas de seguridad, en materia de seguridad, tiene que tener los datos correctos. No se pueden construir políticas públicas sobre la base de cifras erradas". Araya también señaló como complejos la reforma constitucional, argumentando que "estos son temas que ya están regulados en la Constitución y en las leyes. Entonces, no vemos por dónde viene esta novedad que quiere presentar el gobierno", y el registro de organizaciones criminales, advirtiendo que "creo que el Senado no es el llamado a reemplazar a los tribunales de justicia. Esa puede ser una muy mala solución".

El senador DC Iván Flores valoró la inclusión de proyectos de administraciones anteriores, pero advirtió que "no es claro qué es lo que pretenden con la reforma constitucional y el estado de excepción. Eso, sin duda, va a originar la discusión más dura". La oposición aún no define una postura común, pero se anticipa que, al igual que en la megarreforma, no cuentan con los votos suficientes para imponer su visión.