Entre el DAEM y el SLEP: los profesores al medio

La educación pública de Curicó está a punto de cambiar de sigla. Se va el DAEM, llega el SLEP Los Cerezos. Cambiarán oficinas, jefaturas, procedimientos, organigramas y responsables. Seguramente también cambiarán los membretes, porque ninguna transformación administrativa estaría completa sin nuevos membretes.

Lo que no cambiará demasiado será lo que ocurre al otro lado de la burocracia. A primera hora habrá un profesor entrando a una sala y tratando de hacer clases. Y quizás convendría comenzar por ahí.

Porque si algo demuestra el PADEM 2026 es que en educación pública sabemos hablar de millones. Muchos millones. Solo la Subvención Escolar General proyecta más de $32.311 millones. De ellos, cerca de $26.797 millones corresponden a gastos en personal. A eso se agregan más de $6.771 millones de SEP, $5.739 millones de PIE y otros $3.118 millones correspondientes a jardines y salas cuna VTF. Las cifras impresionan.

Hasta que uno entra a una sala. Porque ahí los millones comienzan misteriosamente a perder ceros. Aparece el profesor que utiliza los datos de su propio teléfono porque necesita conexión para desarrollar una actividad. Aparece el que improvisa porque falta un recurso. Aparecen comunidades educativas buscando soluciones por sus propios medios. Y aparecen necesidades bastante elementales conviviendo con presupuestos bastante menos elementales.

La pregunta surge sola:

¿En qué parte del camino se nos achican tanto los millones?

No se trata de sostener que esos recursos están disponibles para comprar materiales, reparar una llave o contratar internet. Gran parte corresponde a remuneraciones de docentes, asistentes y otros trabajadores indispensables para que el sistema funcione. Pero precisamente por eso vale la pena preguntarse por las prioridades.

El propio PADEM 2026 reconoce entre los problemas de la educación municipal de Curicó una “sobredotación de recursos humanos”. No lo dice esta columna. Lo dice el propio instrumento con que el DAEM planificó su último año.

Y mientras hablamos de presupuestos de miles de millones, la partida específicamente denominada “Mantención y Reparación” contempla aproximadamente $300,5 millones para 2026. No representa todo lo que puede destinarse a infraestructura; existen otras partidas e iniciativas de inversión. Pero las proporciones igualmente invitan a pensar.

Porque quizás durante demasiado tiempo hemos desarrollado una enorme capacidad para administrar la educación sin preguntarnos con la misma insistencia cuánto de esa administración consigue sentirse finalmente dentro de una sala.

Ahora viene el cambio. Adiós DAEM, bienvenido SLEP. Y aquí conviene hacer una precisión importante: las dudas que genera el nuevo sistema no convierten automáticamente al antiguo en bueno. Sería una conclusión bastante cómoda.

El DAEM llega al final de su existencia con problemas financieros, cuestionamientos sobre la utilización de recursos destinados a establecimientos y un PADEM que reconoce expresamente una sobredotación de recursos humanos. Por tanto, esto no es la historia de una administración que funcionaba perfectamente hasta que alguien decidió reemplazarla.

Pero tampoco deberíamos cometer el error contrario: suponer que cambiar la sigla solucionará por sí mismo aquello que la anterior no consiguió resolver. Porque las estructuras pueden cambiar mucho más rápido que los problemas.

Y mientras el DAEM se despide, el SLEP Los Cerezos comienza a instalar la suya. Necesita funcionarios, necesita equipamiento, necesita oficinas. Para ello se arrendó el inmueble donde funcionaba el ex Hotel Raíces. Los antecedentes conocidos públicamente hablan de un contrato por diez años y de un canon que, cuando alcance su valor completo, bordeará los $23 millones mensuales. Su director ha explicado públicamente que se evaluaron alternativas y que el valor se encuentra dentro de los parámetros establecidos.

Puede existir perfectamente una explicación administrativa razonable. Una administración necesita oficinas, faltaba más. Pero una sala necesita internet, un baño necesita funcionar, una filtración necesita repararse, una plaga necesita eliminarse. Y un profesor necesita herramientas para enseñar.

La diferencia es que ninguna de esas cosas tiene recepción, oficinas ejecutivas ni un bonito organigrama. Quizás por eso resultan menos fascinantes.

Pero en medio de toda esta discusión existe algo que no aparece fácilmente en un presupuesto: la incertidumbre. Conversando con profesores de comunidades educativas de Curicó aparece una inquietud que se repite. Saben que viene el SLEP. Saben que el DAEM termina; existe incluso una fecha formal para el traspaso. Lo que no todos parecen tener igualmente claro es cómo funcionará su realidad desde entonces. Y eso es bastante distinto, porque una cosa es conocer el día en que cambia el sostenedor y otra es saber qué ocurrirá el día siguiente.

¿Qué pasará con aquellas docentes que no pasaron a planta? ¿Qué ocurrirá con quienes se encuentran a contrata? ¿Cómo se gestionarán los recursos de cada establecimiento? ¿Quién autorizará las compras? ¿Qué autonomía tendrán los colegios para resolver necesidades cotidianas? ¿Cuánto demorará una adquisición? ¿A quién deberá recurrir un director cuando necesite solucionar algo urgente? Y, sobre todo, ¿han recibido las comunidades educativas suficiente capacitación para comprender cómo funcionarán los procesos pedagógicos y administrativos del nuevo sistema?

No son preguntas de quienes se resisten necesariamente al cambio. Tampoco constituyen una defensa del DAEM. Son preguntas bastante razonables de personas que necesitan saber cómo harán su trabajo. Porque tener dudas sobre lo que viene no significa sentir nostalgia por lo que se va. Esa diferencia es fundamental.

El SLEP ha avanzado en su proceso de instalación y sus autoridades han informado públicamente sobre ese avance. Pero informar no es lo mismo que preparar. Se puede enviar una circular. Se puede realizar una reunión. Se puede publicar un cronograma. Se puede mostrar un porcentaje de cumplimiento. Pero una transición de esta magnitud estará realmente preparada cuando quienes trabajan dentro de los establecimientos comprendan qué cambiará, qué permanecerá, cuáles serán los procedimientos y dónde encontrarán una respuesta cuando aparezca un problema.

Porque las reformas públicas suelen verse extraordinariamente ordenadas desde una presentación PowerPoint. El problema comienza el lunes, cuando alguien necesita comprar algo. Y nuevamente aparecen los mismos: los profesores.

Ellos tienen una particularidad bastante incómoda dentro de toda esta discusión: mientras los demás podemos discutir cómo administrar la educación, ellos tienen que educar. No pueden suspender una clase mientras se determina quién tiene la competencia. No pueden decirles a treinta alumnos que esperen hasta que termine el traspaso. No pueden poner un cartel en la puerta diciendo “procedimiento administrativo en implementación”. Mañana hay clases y alguien tiene que hacerlas.

Por eso, cuando falla internet, aparece el teléfono del profesor. Cuando falta un recurso, aparece alguna alternativa. Cuando la planificación se vuelve imposible, aparece la improvisación. Y entonces ocurre algo extraordinariamente conveniente para cualquier administración: la clase continúa.

Ese quizás sea parte del problema.

Los profesores se han vuelto demasiado buenos resolviendo aquello que nunca deberían haber tenido que resolver. Si el profesor pone internet, hubo internet. Si consigue el material, hubo material. Si improvisa la actividad, hubo actividad. Problema solucionado. Al menos en la planilla.

Tal vez hemos cometido una injusticia silenciosa con nuestros profesores: nos acostumbramos tanto a que resuelvan los problemas que dejamos de preguntarnos por qué tienen que resolverlos.

Y después hacemos algo todavía más curioso. A una profesión a la que pedimos enseñar, evaluar, motivar, contener, resolver conflictos, relacionarse con las familias, incorporar tecnología y responder por resultados, solemos mirarla públicamente a través de sus vacaciones, sus licencias, sus horarios o sus paralizaciones. Somos exigentes, sobre todo cuando el esfuerzo lo pone otro.

No se trata de canonizar profesores. Como en cualquier profesión existen buenos, regulares y malos profesionales. Se trata de reconocer a quienes hacen bien su trabajo y preguntarnos por qué hemos convertido su capacidad de adaptación en una especie de financiamiento informal del sistema. Porque una cosa es vocación y otra bastante distinta es subsidiar con vocación las deficiencias de la administración.

Dentro de poco llegará el traspaso. Habrá inventarios. Se contarán edificios, computadores, escritorios, vehículos, contratos, funcionarios, obligaciones y hasta el último peso. Seguramente tendremos excelentes planillas Excel. Lo que difícilmente aparecerá en alguna celda será cuánto pusieron durante años los profesores para que todo siguiera funcionando: su tiempo, sus materiales, sus datos móviles, su creatividad. Y principalmente, su capacidad para conseguir que sus alumnos notaran lo menos posible aquello que faltaba detrás de la puerta.

No deberíamos romantizarlo. Deberíamos preguntarnos por qué fue necesario.

El DAEM se va; eso no significa que haya sido mejor. El SLEP llega; eso tampoco significa que necesariamente será peor. La oportunidad está precisamente en no repetir los mismos errores con distinto membrete.

Porque mientras arriba continúa la danza de millones, abajo siguen existiendo profesores haciendo malabares. Y antes de discutir qué sigla administrará nuestra educación pública, quizás deberíamos recordar cuál debería ser el orden de las cosas: primero los alumnos; frente a ellos, sus profesores; y detrás de ambos, una administración encargada de entregarles las condiciones necesarias para hacer su trabajo. Nunca al revés.

Porque podemos cambiar el DAEM por el SLEP, las oficinas, los organigramas, las jefaturas y todos los membretes que queramos. Pero hay un pequeño detalle administrativo que ninguna reforma debería olvidar: sin profesores no existe educación que administrar.