El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) anunció la presentación de un proyecto de ley, que pueda facultar a los consejeros regionales para poner en tabla y priorizar proyectos que sean relevantes.
La polémica se ha centrado en el Maule, a raíz del proyecto de construcción de un nuevo cuartel provincial de la Policía de Investigaciones en Curicó. Aun estando con la aprobación social (RS) para su ejecución, la gobernadora regional Cristina Bravo ha insistido en su argumento de que "no es prioritario por el momento", frente a otras iniciativas que sí necesitan una tramitación rápida.
"Hay tanto revuelo, por un tema que me comprometí que lo íbamos a ver a fines de agosto. Yo soy como "la mamá de la región", son 100 mil millones de pesos y también hay prioridades. La infraestructura de un cuartel es prioridad, pero también la construcción del Cesfam de Vichuquén, proyectos de emergencias para los agricultores que se vieron afectados por los temporales. los temas de vivienda, caminos básicos, por qué centrarse en una estructura, que aunque yo lo apruebe no va a estar listo de aquí a tres años", dijo.
En este sentido, el diputado Guzmán acusó nuevamente a la gobernadora de "poner sus intereses personales por sobre los intereses regionales", dejando entrever que pareciera que la estrategia es priorizar proyectos de mayor impacto social que "le generen más votos para las próximas elecciones".
En ese contexto el parlamentario dijo que presentará "una iniciativa que analice en profundidad la normativa para que a partir de ciertas mayorías", los consejeros "puedan pedir priorizaciones de proyectos de relevancia como en este caso".
"Es necesario que se analice desde la legislatura esta situación que puede estar ocurriendo en otras regiones" dijo Guzmán, calificado "de impresentable" la actitud de Bravo.
La normativa vigente del texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley n° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional del Ministerio del Interior a través de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, indica efectivamente que la facultad de priorizar proyecto es de los gobernadores.
Sin embargo, la misma norma en el artículo 20 letra g) dice que es el Gobierno Regional en su conjunto, el que debe “Formular y priorizar proyectos de infraestructura social básica y evaluar programas, cuando corresponda”.
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