Los diputados de la UDI, Felipe Donoso y Gustavo Benavente, presentaron un proyecto de ley para sancionar a quienes hagan falsos llamados de alarma de incendio, emergencia o calamidad pública, por medio del pago de una multa a beneficio fiscal.
Según el texto de la iniciativa, dicha conducta podría significar el pago de entre 20 y 80 unidades tributarias mensuales. Es decir, el monto puede fluctuar entre los $1.247.760 y $4.991.040 aproximadamente.
Asimismo, la propuesta señala que “se establezca la posibilidad de que el padre, madre o representante legal se haga cargo del pago de la multa en aquellos casos en que el responsable sea un menor de edad”.
En un comunicado, los parlamentarios sostuvieron que los llamados falsos ponen “en riesgo la estabilidad psicológica de las personas y despliegan costosas operaciones, para las instituciones encargadas de prestar auxilio en casos de emergencia”.
Lo anterior, argumentan Donoso y Benavente, “se intensifica aún más en un contexto como el que hemos experimentado los últimos años a causa de sismos, incendios, hechos delictivos y la propagación del Covid-19”.
“Los responsables de estos hechos tienen ánimo de engañar a la población con objeto de poner en marcha servicios que actúan en situaciones de emergencia, tal como lo son Carabineros, Bomberos, grupos de rescate marítimo y ambulancias, entre otros”, apunta el escrito, agregando que “incluso puede poner en riesgo la vida”.
Si bien el ordenamiento jurídico vigente castiga penalmente este tipo de conductas, acota el comunicado de los diputados, “es menester indicar que la pena asociada al delito en cuestión no es lo suficientemente disuasiva para inhibir estas reiteradas llamadas y para resarcir el daño económico provocado por el responsable, en virtud de lo cual se hace necesario incorporar multas cuantiosas”.
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